El estallido durará para siempre en cada uno de los familiares de las víctimas del edificio de la calle Salta, que causó 21 muertes y 62 heridos. Para reclamar justicia, los sobrevivientes y vecinos de la zona realizaron ayer por la noche una marcha a un mes de la tragedia.
Se reunieron en Salta y Oroño y caminaron hasta la sede de Litoral Gas, ubicada en Mitre y San Lorenzo, en Rosario. “El dolor es nuestro, pero queremos que la sociedad reaccione y, entre todos, digamos basta”, dijo Pamela, quien era la novia de Santiago Laguía, la última víctima mortal que encontraron entre los escombros de Salta 2141 en declaraciones a La Capital.
En silencio, sosteniendo velas y carteles con leyendas como “Justicia”, expresaron, además de su reclamo por la negligencia que causó la explosión, su adhesión a la lucha por las tragedias de Once y de Cromañón, la inundación en La Plata, la violencia de género y la inseguridad. A su vez, la marcha sirvió de encuentro entre ellos, los vecinos que ahora viven y pasan los días en casas prestadas o de amigos ya que lo perdieron todo.
Investigación. El fiscal de cámara Guillermo Camporini confirmó ayer que el lunes comenzarán a realizarse las pericias sobre los materiales y piezas que fueron recuperados de la base del edificio para determinar la causa de la explosión. Camporini aseguró que la investigación judicial sobre el siniestro avanzaba “a un ritmo interesante”. Y, ratificó que había un interés “claro y preciso” en “llegar a establecer las responsabilidades que correspondan”. Lo cierto es que la causa fue caratulada como estrago culposo agravado, un delito que contempla penas de hasta cinco años, que afectarían al único imputado, Carlos Osvaldo García, el gasista matriculado que fue esa mañana a reparar el regulador del inmueble ubicado en Salta 2141.
Por otro lado, el gobierno de Santa Fe envió a la Legislatura un proyecto de ley para eximir de impuestos a los propietarios de inmuebles damnificados por la explosión en un edificio de Rosario hasta enero de 2015. El proyecto contempla medidas similares referidas a los tributos de patentes
sobre vehículos y el impuesto de sellos.