Mondino denunció el exterminio de tobas en Chaco

El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, presentó hoy una demanda contra el Estado nacional y el gobierno de la provincia de Chaco ante la Corte Suprema de Justicia para que tome cartas y “detengan el exterminio de las comunidades aborígenes tobas”, donde 11 indígenas ya murieron desde julio pasado víctimas de graves cuadros de desnutrición.

El funcionario reclamó al máximo tribunal que modifique las condiciones de vida para proteger a la población “que se encuentra en una situación terminal silenciosa, progresiva y sistemática por la falta de una mínima asistencia humanitaria y social”. De esta manera, el ombudsman dejó sentada la denuncia ante la comprobación, por parte de personal mismo de la Defensoría del Pueblo, de las necesidades y falencias de la comunidad aborigen en el Impenetrable chaqueño.

Es que los funcionarios recorrieron más de treinta localidades, parajes y lugares de asentamiento de comunidades, como el Paraje Colonia 10 de Mayo, El Colchón, Campo Toral, Barrio Palo Santo y Campo Alemani, entre otros, donde comprobaron la ausencia de los derechos básicos de sus pobladores, quienes viven, en su mayoría, en ranchos de barro y ramas, “en extremo precarios, en donde anidan las vinchucas, y que en los últimos treinta años no se fumigó en contra del insecto transmisor del Mal de Chagas.

El documento destinado al máximo tribunal sostiene que “se ordene a las demandadas a que adopten las medidas que fueren necesarias para modificar las actuales condiciones de vida de las poblaciones que se encuentran en una situación de exterminio silencioso, progresivo, sistemático e inexorable”.

La acción judicial exige, además, “la protección de numerosas comunidades aborígenes que habitan la zona sudeste del Departamento General Güemes, y noroeste del departamento Libertador General San Martín; poblaciones que viven en condiciones inhumanas a consecuencia de la omisión de los estados provincial y nacional en prestar la mínima asistencia humanitaria y social”.

Los pobladores remarcaron además la falta de alimentación adecuada (en muchos casos se mencionó por parte de éstos que transcurren dos o hasta tres días sin ingerir alimentos), la ausencia de agua potable y la cantidad de niños que nacen con bajo peso, sin contar a los ancianos que sufren graves cuadros de desnutrición, tuberculosis, neumonía y bronquitis.

El Defensor del Pueblo sostuvo entonces que “de no modificarse las condiciones de vida de las poblaciones con la intervención de los estados demandados, nos aproximamos a su extinción, ya que no existe ninguna posibilidad razonable de que aquellas enfrenten por sí mismas sus necesidades vitales y las enfermedades que las aquejan”.