Para el vicepresidente de la Fundación Intramuros, "más cárcel no es igual a más seguridad"
De cada 1000 detenidos en un penal, solo 20 personas se encargan de la seguridad. Especialistas opinan que "el sistema no puede garantizar que el interno reciba las herramientas necesarias para reinsertarse en la sociedad una vez que recupera su libertad."
El debate sobre la seguridad fue central durante las elecciones de 2023. Distintos candidatos debatiendo sobre la problemática de la delincuencia y el estado de las cárceles. El actual gobierno de Javier Milei considera que un robustecimiento en el sistema penitenciario impactaría directamente en los índices de inseguridad.
Las soluciones que se barajan van desde la privatización de las cárceles, la generación de más prisiones a lo largo del país, el desarrollo de una prisión exclusiva para narcotraficantes y restar beneficios a los presos, como métodos urgentes para bajar la criminalidad.
Bajo esta lógica, la ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó su nuevo Protocolo de “Alto Riesgo” que “se centra en internos con la capacidad fáctica de fugarse, dirigir actividades criminales desde adentro con impacto en la sociedad, intimidar o corromper a funcionarios penitenciarios, entorpecer investigaciones judiciales y coaccionar a otros internos para alcanzar objetivos criminales”.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Entre las medidas empleadas, se ha reforzado los controles a las visitas de los presos de alto riesgo y la incorporación de tecnología para evitar el ingreso de objetos peligrosos o drogas. Además, ha iniciado el operativo para remover celulares de los penales con requisas espontáneas en penitenciarias donde se secuestran facas, celulares y chips. El foco está puesto en neutralizar al narcotráfico y sus operaciones.
Sobre esto, Martín Gentili, abogado penalista, considera que en presos comunes, "el uso de celulares no está mal porque mejoró la relación del preso con el mundo exterior, lo que les permite sentirse más conectado con sus familias". "Esto mejora mucho el estado de ánimo del preso. A veces la fila para usar el teléfono de la prisión es larga o directamente no funciona, el preso queda incomunicado, y se resiente. Esto genera malestar", agrega en diálogo con PERFIL. El uso de celulares dentro de las cárceles ha sido tema de discusión con opiniones encontradas.
La medida se vio impulsada por la ola de violencia que genera el narcotráfico, poniendo como centro a la ciudad de Rosario, y la exaltación del modelo de reclusión Bukele, sistema que la propia ministra Bullrich destacó como ejemplo a seguir.
Patricia Bullrich.
Las cárceles no dan resultado
Sin embargo, el verdadero desafío que presenta el sistema actual es bajar la tasa de reincidencia. Por tal motivo, la privatización de las cárceles, la generación de más prisiones o restar beneficios como el uso de celulares u otros, podría no ser la respuesta al problema.
Carlos Romero exdirector de la Unidad Carcelaria N°21 de Campana, con más de 33 años de experiencia en el funcionamiento del sistema penitenciario bonaerense y vicepresidente de la Fundación Intramuros, explica a este medio: “Las cárceles no dan resultado”.
La situación de las penitenciarías ha sido objeto de preocupación debido a diversos problemas que incluyen, el hacinamiento, la violencia entre internos, la falta de acceso a servicios básicos producto de la propia corrupción que se da dentro de los penales.
En cuanto a la sobrepoblación, la infraestructura de las cárceles permite albergar a 25 o 30 personas por pabellón, pero actualmente se estima que conviven en un mismo espacio entre 80 y 100 presos. “A un detenido que cometió un delito lo ubicas en un pabellón con hasta 100 personas, lo que va a suceder, es que esa persona no va a tener una vida fácil ahí adentro”, afirma Romero a PERFIL.
El hacinamiento deviene en inseguridad para los internos creando conflictos de convivencia, donde la ley del más fuerte impera.
La inseguridad interna es un problema grave que radica en la falta de personal de seguridad. Aproximadamente cada diez pabellones la unidad penitenciaria solo cuenta con cuatro o cinco personas para mantener la seguridad del lugar y evitar actos de violencia entre internos. Es por causa de la escasez de recursos humanos, que la violencia en la cárcel es moneda corriente. “Tener mucha gente dentro de un mismo pabellón trae muchos problemas y genera episodios de violencia que en muchos casos no se pueden contener”, explica Carlos quién ha transitado su carrera profesional por múltiples penitenciarías.
“Los internos organizan peleas de facas, que es un arma rudimentaria, confeccionada con la recolección de material que recogen durante la actividad de limpieza (son los propios presos los que se encargan de asear la prisión), y que luego utilizan con la intención de matar o herir de gravedad a otro interno”, o como relata Carlos, “también a veces lo hacen con la intención de chantajear a las autoridades. Toman rehenes a punta de facas para solicitar que les den lo que quieren”.
Los motines y las huelgas pueden darse en los penales, así como también las peleas de bandas y ajustes de cuentas. Estos hechos se producen, según comenta Carlos Romero, por la propia falta de recursos. Sin embargo, el doctor Martín Gentili afirma que “los motines son el recurso que los internos tienen para reclamar algún faltante”, y agrega que, “La mayoría de los presos busca ayudar. Los motines en general se dan por reclamos o problemas entre bandas. Pero esto no sucede todos los días. A nadie le sirve que haya problemas. Si las cárceles fueran tan inseguras, no podría entrar nadie”.
Romero, por su parte, también coincide con la afirmación de que la mayoría de los internos solo quiere sentirse útil y vivir en paz. “Un 80 por ciento son detenidos completamente pacíficos, la mayoría solo piensa en salir, quieren trabajar e ir a la escuela, pero no hay cupo para todos”.
Al no tener recursos de toda índole, el sistema no puede garantizar que el interno reciba las herramientas necesarias para reinsertarse en la sociedad una vez que recupera su libertad, y por consecuencia, termina reincidiendo.
Complejo Penitenciario Ezeiza
Por otro lado, Martín Gentili, considera que no se trata de la escasez de personal en las cárceles, “No hay falta de personal en las cárceles en mi experiencia”, lo que sucede es que muchas veces, “el personal penitenciario termina delegando en el preso la tarea de solucionar un problema”. Son, la mayoría de las veces, los propios internos quienes procuran dar solución a un problema para evitar que escale.
Está tarea normalmente la lleva a cabo la figura del limpieza, quién es el encargado del pabellón, en leguaje tumbero. Además de resolver conflictos internos, es quién determina quién debería ingresar a cuál pabellón teniendo en cuenta el antecedente de cada nuevo ingreso en un penal. “Lo que busca (el limpieza) es que todo esté tranquilo. Que no haya lio”, afirma Martín, abogado, que además enseña rugby a los presos en la cárcel de Ezeiza. Esta delegación de tareas sucede porque para el personal penitenciario, resulta más seguro dejar que los propios internos solucionen sus problemas.
Sin embargo, en la última década, según información del SPB actualizada a 2022, la población carcelaria creció un 44 por ciento, equivalente a 50 mil personas en un sistema que ostenta capacidad para alojar solo 25 mil. Por otro lado, el SPB registró en 2021, 3.531 víctimas fatales y 2.541 hechos violentos dentro del sistema penitencial argentino. No hay información actualizada al 2024.
Servicio Penitenciario de Córdoba.
Profesionalizar al servicio
La falta de personal profesional dentro del sistema penitenciario juega un rol fundamental en la convivencia entre internos y carcelarios. Además de que los penitenciarios perciben un salario bajo en un entorno laboral complejo, carecen de la preparación indicada para desarrollarse en un entorno desafiante. “No hay suficiente personal preparado que pueda intervenir multidisciplinariamente en los conflictos que se generan muros adentro”, “tampoco existe suficientes recursos como para brindar herramientas que les permitan a los internos cambiar la actitud que tienen frente a la vida”, y esto porque “en muchos casos, el carcelero y el preso provienen del mismo lugar. Del mismo estrato social”, dice Romero.
Como medida para resolver este problema, la ministra Bullrich aseguró que se encuentran en un proceso de profesionalizar el servicio penitenciario.
Profesionalizar la labor del penitenciario es primordial para terminar con la problemática de personal no preparado y los problemas de apremios ilegales, y como consecuencia, mejorar la relación del preso con su entorno. Esto impacta en la reincidencia de una manera menos obvia pero eficiente.
Desde su Fundación Intramuros, Romero cuenta que se encuentran desarrollando una licenciatura en penitenciarismo que permitiría al personal del servicio recibir una preparación superior con materias en distintas áreas de la psicología, y el saber propio del funcionamiento de una prisión, que otorgaría herramientas para manejar una crisis o conflicto de una manera más profesional, y desde la contención hacia el interno, cuando surgen problemas de convivencia en un penal.
Sobre este punto, el doctor Gentili agrega que, “el servicio penitenciario pasa más tiempo en la cárcel que los propios delincuentes y eso los condiciona”, explica que “el preso cumple una condena de 5 años, 10 años o 25, pero el servicio está toda su vida ahí dentro. El sistema muchas veces los termina por corromper”.
Más cárcel no es igual a más seguridad, afirma Gentili.
Para quienes consideran que más prisiones es la respuesta, Gentili asegura que “es peor”, y agrega que, “el problema no son las cárceles, sino las familias. Si la base familiar es deficiente, es muy difícil que la persona pueda cambiar su conducta por más recursos que le des dentro del sistema carcelario”, y concluye, “más cárcel no es igual a más seguridad”.
En muchos servicios penitenciarios de la provincia se fomenta el deporte o la actividad física para que el preso aprenda habilidades blandas que lo ayudarán a reinsertarse en sociedad, algo clave para el interno, que luego una vez libre, no sabe cómo actuar murallas afuera.
La teoría indica que en el proceso de reinserción social el interno debe usar la reclusión como un momento de reflexión donde debe afianzar su deseo de dejar de delinquir (en el caso de delitos menores) y es dónde debería tomar conciencia sobre sus actos y decidir cambiar su vida. Para ello, la contención que reciban de sus familias y del sistema, es clave. El acompañamiento educativo y psicológico es necesario. Contrario a esto, el modelo de reclusión Bukele, que ha tomado notoriedad en la discusión sobre la criminalidad en argentina, se basa en una lógica de encierro total, donde los reclusos poseen solo media hora para salir al pasillo, siempre esposados, y carecen prácticamente de actividades recreativas. No poseen comunicación con el exterior, ni ningún otro beneficio. “No es viable. No funcionaría en Argentina porque se vulneran miles de derechos constitucionales”, concluye Gentili.
