Traducido en números concretos, para Dota-Monsa, la empresa dueña de la línea 60, los 38 días que llevaba hasta ayer el conflicto con sus choferes significa una pérdida de unos 30.400.000 pesos, según dijo a PERFIL Marcelo Pasciuto, uno de los titulares de la línea de colectivos que une Tigre y Escobar con Constitución. “Por cada día que dejamos de prestar servicio, perdemos unos $ 400 mil de recaudación, más otro tanto por la compensación tarifaria que recibimos por parte del Estado”, aseguró, en diálogo con este diario. Para la empresa, el conflicto que dejó sin servicio a los 250 mil pasajeros que la línea transporta por día “está totalmente desvirtuado”. “La empresa no tiene despedidos, los sueldos están al día y las unidades están en condiciones de circular. Los choferes deberían acatar las órdenes judiciales, pero siguen sin trabajar y ocupando las cabeceras”, añadió (ver debajo). “Son intransigentes”, calificó.
El conflicto se intensificó el martes pasado: un grupo de choferes que cortó la Panamericana a la altura de Maschwitz fue reprimido por efectivos de Gendarmería. Al día siguiente, la jueza María Servini de Cubría ordenó que los colectivos volvieran a circular y cobrar boleto. Recién al día siguiente, tras más de un mes sin salir, muy pocos colectivos volvieron a prestar servicio por las calles porteñas, cubriendo sólo el tramo que va desde Constitución hasta Puente Saavedra. “De los 37 colectivos que salieron de la cabecera, sólo 17 no cobraron boleto. El resto circuló sin problemas”, justificó Pasciuto, aunque la línea tiene 342 unidades.
Entre los puntos sobre los cuales los choferes basaron parte del conflicto está la denuncia de lock out por parte de Dota-Monsa. En ese sentido, Pasciuto afirmó que “no estaban las condiciones para sacar los colectivos a la calle”. “Ejercieron violencia sobre el personal que no estaba de acuerdo con la medida y entendimos que de esa manera no se podía trabajar normalmente”, justificó.
Enfrentados. El problema entre la empresa y los choferes comenzó el pasado 24 de junio, cuando se despidió a un chofer que, según la empresa, protagonizó 13 accidentes de tránsito en el lapso de tres años. “Fue un despido con causa, pero los delegados exigieron que se lo reincorpore y que vuelva a conducir. Nos negamos y dejaron de cobrar el boleto. Cuando se dictó la conciliación obligatoria no la acataron”, señaló Pasciuto. “El no cobro de boletos es un perjuicio no sólo para la empresa, sino también para el pasajero, que queda sin cobertura de seguro”, argumentó.
