Hace años, el método más usado para acallar a un periodista era matarlo. En la medida en que la conciencia cívica avanzó, el asesinato de un periodista trajo a los victimarios más problemas que soluciones. Por lo menos a aquellos que ordenaban el asesinato desde un lugar público, es decir, no eran narcos ni guerrilleros ni pretendían refugiarse en la clandestinidad. Pudieron comprobarlo desde el dictador Somoza, matando al director del mayor diario de Nicaragua, hasta Yabrán, ordenando el asesinato del fotógrafo de la revista Noticias.
Por las mismas causas, también mandar a la cárcel a un periodista fue una costumbre que quedó en desuso mientras aumentaba el riesgo de “mandelizar” al castigado convirtiéndolo en un ídolo a causa de la presión internacional.
A los buscadores de impunidad, la única herramienta razonable que les quedó fue el uso del dinero en sus dos vertientes: ahogar económicamente al medio donde los periodistas críticos pudieran trabajar y apoyar la creación de nuevos medios afines que compitieran con los críticos para que los difamen y desgasten. Para los medios oficialistas vale aquel proverbio que decía: “Los grilletes de oro son mucho peores que los de hierro”.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, es el mejor ejemplo. Con la condena del máximo tribunal de su país a tres años de cárcel para el ex editorialista y los dos directivos del diario El Universo –respectivamente: Emilio Palacio, Carlos César y Nicolás Pérez– apenas impuso una pena simbólica porque la prisión es excarcelable. La verdadera condena eran los 40 millones de dólares por daño moral que debía pagarle el diario El Universo. Esa era la condena que ponía de rodillas al diario.
Pero Correa tuvo que solicitar al tribunal de su país que dejara sin efecto las sentencias no por los argumentos altruistas y humanitarios que formuló en el momento de su perdón, sino porque existe una jurisprudencia interamericana que obliga a Ecuador y a todos los países de Latinoamérica a ajustarse al fallo que produjo la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 29 de noviembre a favor de la revista Noticias, por el cual se condenó al Estado argentino por obligar a periodistas a pagar indemnizaciones –durante la presidencia de Carlos Menem– que resultan peligrosas para la libertad de prensa al promover la “autocensura” y ser “tanto o más intimidantes que una sanción penal”.
Correa hizo su anuncio por televisión diciendo: “He decidido ratificar algo que hace tiempo estaba en mi corazón”, pero días antes de producir su “perdón” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había pedido al gobierno ecuatoriano la suspensión de la sentencia y ya había dispuesto medidas cautelares a favor de los condenados.
El Universo dijo: “Hoy triunfó la libertad de expresión. Correa, hay que aclararlo, nos ‘perdonó’ por la presión nacional y mundial”.
Otro fallo judicial que sentó precedente y será utilizado por otros medios es el de la Corte Suprema argentina condenando al gobierno kirchnerista por la discriminación con la publicidad oficial a Editorial Perfil. Los diarios Clarín y La Nación analizan utilizar esa jurisprudencia así como también elevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos algunas de las presiones que les produjo el caso de Papel Prensa.
La presión económica sobre aquel que se quiere doblegar es la más repetida arma de un Gobierno que concibe la libertad como un lujo costoso al que sólo podrían aspirar los muy pudientes. Si se observa con detenimiento, hay un método de presión similar sobre Repsol, Telecom y Clarín. Se las induce a negociar a cambio de dejar sin efecto los daños económicos que primero padecieron; en otros casos, a veces alcanza sólo con la amenaza de iniciar hostilidades.
Los medios de comunicación no son empresas cuyo principal fin sea maximizar su rentabilidad, como sí puede serlo una petrolera o una telefónica. Pero se rigen por los mismos principios de sustentabilidad material que hacen viable cualquier organización. Y los gobiernos autoritarios descubrieron que las mismas herramientas de presión que usaban para las empresas con negocios regulados por el Estado podían utilizarse con los medios sin tener que apelar a formas de censura o castigo que rápidamente concitarían rechazo internacional.
Es allí, sobre las finanzas de los medios, donde este Gobierno tan experto en cajas decidió actuar. Así como los virus evolucionan, mutan y se hacen resistentes a los medicamentos que primero lograron combatirlos con éxito, los gobiernos autoritarios generan nuevas formas de penetrar los mecanismos de defensa de la libertad de prensa que las legislaciones anteriores habían consagrado.
Le cabrá a la Justicia nacional e internacional cumplir el papel de principal protector de la libertad de expresión.
