“Está en juego mi seguridad. Muchos detenidos en Güemes fueron por causas en las que yo intervine”, escribió Raúl Reynoso para detener su traslado a la prisión salteña donde, efectivamente, gran parte de la población fue encerrada por orden del ex juez federal, ahora preso acusado de haber cobrado coimas a narcos a cambio de beneficios.
En la carta manuscrita, dirigida al juez Julio Leonardo Bavio, pidió permanecer en la sede de la Policía Federal en Salta o Gendarmería.
El pedido no tuvo el efecto deseado y, de todos modos, Reynoso fue alojado en esa cárcel a principios de julio, donde permaneció en una celda aislado del resto de los internos, para preservar su integridad.
Sin embargo, un segundo aspecto que el ex juez había señalado en la misiva, podría convertirse en su boleto a la prisión domiciliaria: su estado de salud. El ex juez federal de Orán es diabético e hipertenso. Presentó un habeas corpus que fue rechazado por la Justicia, pero logró que su caso sea analizado por una junta médica de un hospital público que determinará si debe obtener el beneficio que desea.
En esa línea, el juez Antonio Medina autorizó su traslado este martes al hospital de San Bernardo, donde fue sometido a estudios, y se encuentra internado. El presidente de la Junta Médica, el doctor José Albornoz, dio detalles sobre la salud de Reynoso: “Se lo veía bastante deteriorado en su salud; será por el estrés que acumuló en la cárcel o el cargo que desempeñaba, pero consideramos que era necesaria su internación”.
“Hubo que compensarlo porque tenía valores discontinuos de azúcar”, dijo Albornoz a la prensa y aclaró: “No está delicado, pero hay que controlarlo y equilibrarlo en su enfermedad”. El ex juez es asistido en el centro médico por un equipo interdisciplinario que incluye cardiólogo, diabetólogo, oftalmólogo, clínico, psicólogo, psiquiatra, nutricionista y especialistas de cirugía ocular y estética. “Cualquier paciente con esta situación tiene que estar en internación. El alta estará sujeta a cómo evolucione de acuerdo a los tratamientos. Recién ahí se puede determinar qué arresto puede tener domiciliario o en el penal”, dijo Albornoz.
Los fiscales del caso, Diego Iglesias, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad, y Eduardo Villalba de Salta, se opusieron a todos estos movimientos, en los que no tuvieron participación. El mismo 12 de julio, presentaron un escrito en el que solicitaron que se deje sin efecto la junta médica.
Para los integrantes del Ministerio Público, los médicos de un hospital público no están habilitados para hacer el dictamen. Por esa razón, solicitaron que profesionales, designados por el decano del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, realicen un “examen integral” de Reynoso y que indiquen si presenta alguna enfermedad y qué tratamiento debe cumplir. Al mismo tiempo, pidieron que informen si en el Complejo Penitenciario Federal del Noroeste –CPF3– (Güemes) cuenta con la infraestrura suficiente para atender los posibles padecimientos del interno. Y, en el caso de no tenerla, que indiquen si el Hospital Penitenciario Central del Complejo Penitenciario Federal I (Ezeiza), está capacitado para atender las afecciones.
Los fiscales buscan que el ex magistrado cumpla prisión preventiva tras las rejas debido a la gravedad de los cargos en su contra: asociación ilícita en carácter de jefe u organizador, en concurso real con nueve hechos de concusión, en concurso ideal con prevaricato en seis hechos. Consideran que la función que cumplía Reynoso, al frente de un juzgado que debía combatir al narcotráfico, agrava su responsabilidad.