La huelga de hambre comenzó como manera de hacer oir una serie de reclamos que cuestionan la lentitud judicial, la falta de igualdad ante la ley y las malas condiciones que se sufren en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Los presos vienen denunciando "masivas irregularidades" en sus situaciones judiciales, de las cuales aseguran ser "víctimas".
Los huelguistas piden la derogación de la ley 12.405 que sancionó el entonces gobernador Carlos Ruckauf, quien al calor de la “ mano dura” y “meta bala” modificó el régimen de excarcelaciones.
Además de Ruckauf, la ley en cuestión lleva las firmas de Jorge Casanovas, ministro de Justicia; Raúl Othacehé, de Gobierno; Aldo Rico, de Seguridad y de Felipe Solá como presidente del Senado.
Dos meses antes de la aprobación de esa ley había 13.000 presos y en la actualidad existen casi 24.500. El 76% no tiene sentencia firme, o sea que para los pactos internacionales a los que la Constitución Nacional adhiere, son inocentes hasta que se demuestre los contrario. Más de 10.000 ni siquiera fueron condenados en primera instancia.
Si bien, este año, la ley Ruckauf fue modificada, las excarcelaciones se producen en muy pocos casos y generalmente se dan en casos de personal del Servicio Penitenciario o de la Policía bonaerenses, imputados por violaciones a los derechos humanos.
“Los presos no están pidiendo nada raro, están pidiendo que se aplique una ley que ya se está aplicando pero a algunos, y muy elegidos”, explicó al matutino Página 12 Roberto Cipriano, coordinador del Comité Contra la Tortura.
Derechos Humanos. Los presos piden una "ley procesal de excarcelación acorde a las pautas establecidas por los Organismos de Derechos Humanos". Quieren que se equipare la pena de reclusión a prisión, que se fije el cese de la prisión preventiva si transcurridos 24 meses no hay fallo firme y que se derogue por completo la mencionada ley 12.045.
Para los presos hay " demoras innecesarias en el tratamiento de las que agravan las situaciones legales" de los recluidos, y aseguran que por esas dilaciones "el 70 por ciento de los internos se encuentra en condición de procesados".
"Hay reclusos con 30 años privados de la libertad sin condena firme, poniéndonos en situación de rehenes del sistema judicial", señalaron.
Según denunciaron hay procesos que tienen asignada fecha de juicio oral recién para 2013.
No más de dos años. También reclaman a la Corte que declare inconstitucional el artículo 24 del Código Penal que establece que la prisión preventiva se computará doble por cada día y la reclusión uno a uno.
Exigen " la plena y preferencial aplicación de la Ley Nacional 24.660 por sobre la Ley provincial 12.256, lo que otorgaría beneficios como salidas transitorias; regímenes de semilibertad que posibilita a los internos salir a trabajar con supervisión y de la ejecución de períodos de libertad condicional y asistida".
Además reclaman la fijación de un plazo expreso de 24 meses para el cese de la prisión preventiva.
