Recompensa por datos sobre Corres y muchas dudas

Mientras el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, anticipó que se ofrecerá una recompensa de 150.000 pesos a quienes puedan aportar datos sobre el paradero del ex represor Julián Corres, quien se fugó de una comisaría de Bahía Blanca en la madrugada del sábado pasado, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y la organización Justicia Ya! denunciaron que la fuga del represor Julián Corres contó con la complicidad del aparato estatal.


El ministro ratificó que se investigará a fondo a todas las personas que estaban a cargo de la vigilancia de Corres y que se los castigará de acuerdo a las responsabilidades que se detecten. Fernández, en diálogo con las radios América y Mitre, minimizó la posibilidad de una suerte de complot "cívico militar" para facilitar la huída de Corres aunque aclaró que el caso se analizará a fondo.

Por su parte, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y la organización Justicia Ya! denunciaron que la fuga del represor Corres contó con la complicidad del aparato estatal, y aseguraron que existe un "plan oficial de enjuiciar a un puñado de viejos represores emblemáticos para salvar a las instituciones genocidas".

"Ahora el Estado ofrece una recompensa para quien dé datos de su paradero. Pero no debemos engañarnos. En la Argentina hay decenas de miles de 'Lauchas' (alias de Corres), de miserables genocidas, libres", advirtieron. La fuga de Corres demuestra "una vez más que el aparato del Estado que secuestró a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos sigue amparando a los criminales que cometieron el genocidio en la Argentina".

Advirtieron que "a casi cinco años de la anulación de las leyes de impunidad hay 400 imputados y desde entonces sólo se condenaron a 20 genocidas, cuando en la Argentina funcionaron al menos 650 centros clandestinos de tortura y muerte", y denunciaron "la complicidad de la Policía Federal con sus propios camaradas de genocidio".

"Denunciamos el plan oficial de enjuiciar a un puñado de viejos represores emblemáticos para salvar a las instituciones genocidas. Denunciamos que en la Argentina de los Kirchner hay más de 5.000 luchadores obreros y populares procesados, mientras que la inmensa mayoría de los genocidas y sus cómplices del empresariado y la Iglesia siguen en libertad", añadieron en un comunicado.

Fuente: DYN