El juez que investiga la explosión de un edificio de Salta al 2100 en Rosario, Javier Beltramone, imputó ayer a los administradores de los tres inmuebles siniestrados, Mariela Calvillo y Carlos Repupilli, por “estrago doloso agravado” tras escuchar testimonios de vecinos y habitantes del complejo.
Según fuentes judiciales, Beltramone consideró como pruebas contundentes los correos electrónicos que intercambiaron Calvillo y Repupilli con los vecinos.
Según el juez, hay una presunta omisión de los deberes como responsables del mantenimiento del inmueble. Según trascendió, más de cien residentes habrían declarado ante Beltramone. El magistrado también había imputado por los mismos cargos al gasista Carlos García, quien realizaba tareas en el edificio.
A su vez, Beltramone recibió el jueves una segunda recusación, que tal como hizo con la primera rechazó, presentada por los administradores del complejo. La recusación fue similar a la que hizo el lunes la empresa Litoral Gas, cuyo pedido de apartamiento fue rechazado el miércoles por el magistrado y elevado a la Cámara de Apelaciones.
La explosión se produjo el 6 de agosto en el edificio ubicado en Salta 2141 de Rosario y provocó la muerte de 21 personas y dejó 60 heridos. Actualmente, los vecinos de la zona continúan sin regresar a sus casas. Esta semana se iniciaron las pericias técnicas encargadas a la empresa GIE, de la localidad bonaerense de Mar del Plata, para luego avanzar en posibles indagatorias. Por lo pronto, Carlos García, el gasista imputado, continúa libre a la espera del juicio.
La demolición de $9 millones
La demolición del edificio de Salta 2100 es un hecho. Según declaró el secretario municipal de Hábitat, Gustavo Leone, el edificio en el que se produjo la explosión será demolido en los próximos 10 días, una vez que se realicen las tareas de logística en cuanto a ingreso y egreso de camiones y materiales.
La empresa Milicic será la encargada de realizar el trabajo y, según afirmó Leone, “costará 9 millones de pesos por gastos de obras”.
“Además, se debe poner en marcha un plan de contención de la estructura para que los obreros ingresen con seguridad”, sostuvo ayer el funcionario en declaraciones a la prensa local.
Asimismo, manifestó que “posteriormente comenzarán las tareas de corte y desarme de las torres que quedaron en pie, y que se harán desde arriba hacia abajo”.
“Toda esta operatoria está prevista que se demore entre 3 y 4 meses, aunque esto se va a saber con exactitud una vez que se esté en el lugar”, finalizó el funcionario Leone.
