La nueva terminal de combis inaugurada el 25 de julio pasado debajo de la 9 de Julio terminó con lo que antes era una costumbre cotidiana en la zona: veredas llenas con largas colas de usuarios frente a decenas de camionetas blancas que, como una barrera estacionaban paralelo al cordón. La escena pasó a ser una postal subterránea, más ordenada y controlada. Sin embargo, pese al alivio que provocó a metros del Obelisco el nuevo centro de carga de pasajeros, el control de las combis continúa siendo un problema para el Gobierno. Y en diferentes puntos del centro, como en Plaza Lavalle, el Teatro Colón o Avenida de Mayo y Piedras, entre otros, siguen ocasionando inconvenientes en el tránsito.
“Hay muchas empresas que no pueden pagar el costo de alquilar una dársena en la terminal. Son firmas que sólo tienen dos o tres combis y les resulta imposible afrontar ese gasto”, explica a PERFIL el titular de una compañía que opera en la calle Viamonte, entre Libertad y Talcahuano. “Hay otras empresas que están en proceso de fusión para costear una dársena. Incluso, evaluamos la posibilidad de realizar un paro en repudio al valor que dispuso el Gobierno, pero después desistimos por temor a que quieran regularnos la tarifa”, añadió. Cada una de las firmas que operan en la terminal debe desembolsar $ 25 mil mensuales.
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Consultado por PERFIL, el subsecretario de Tránsito y Transporte porteño, Guillermo Dietrich, destacó que “la creación de la Terminal Obelisco es la primera de una serie de medidas que mejorarán el servicio de este tipo de transporte público. Buscamos ordenar las combis que operan en el corredor de la 9 de Julio entre Córdoba y la calle Sarmiento. Con respecto al resto de las combis, estamos estudiando distintas alternativas para brindarles un nuevo espacio donde operar”.
Una de estas alternativas es la construcción de dos nuevas terminales, en el entorno del Luna Park y debajo de Plaza Libertad. “En la medida en que técnicamente las confirmemos, iremos trabajando en conjunto con las cámaras empresarias para la implementación”, agregó el funcionario.
Clink caja. Cada día hábil unas 2 mil combis ingresan a la ciudad, de las cuales sólo 550 operan en la nueva terminal. Según informó el Ejecutivo, son 19 las empresas habilitadas por la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte). A cada una de ellas le cuesta 300 mil pesos anuales el uso de una dársena. Es decir que al Gobierno la nueva estación le deja al año $ 5.700.000.
Pese al monto y a los problemas de algunas empresas para afrontarlo, Dietrich confirmó a PERFIL que en un futuro esa tarifa podría aún sufrir ajustes. “Por ahora, el canon es muy bajo porque esto está pensado para que sea una alternativa segura para los pasajeros que utilizan las combis, y para sacar a los vehículos de lugares no permitidos. En un futuro se verá”, completó.
Las empresas que operan en la terminal son controladas por la CNRT y por los agentes de tránsito. Descargar o subir pasajeros sobre la 9 de Julio puede costarles multas de hasta $ 1.500. Para las empresas que trabajan fuera de la estación, en cambio, los controles están prácticamente ausentes. Entre estas últimas reina el pensamiento de que al momento de diagramar el nuevo esquema, el Gobierno no tuvo en cuenta que podía generar una competencia de precios entre las no oficiales y las legales, que tienen una tarifa más cara porque deben amortizar el costo de usar la terminal. De hecho, algunas de las que trabajan en regla ya informaron que a partir de septiembre aumentarán el valor de los pasajes.
