Una estructura de ladrillos de dos por dos sin puertas ni ventanas al frente. A la vista sólo hay un orificio pequeño a media altura suficiente para que pase un envoltorio a cambio de dinero. Adentro, encerrado, se encuentra un menor de edad que es obligado a comercializar droga. Desde hace cuatro años, en Rosario, las causas con menores vinculados al narcotráfico aumentaron más de un 800%. En un fallo inédito se consideró a estos chicos como víctimas de trata y no como victimarios.
Las bandas de narcotraficantes de la zona captan a menores para mantenerlos trabajando para ellos dentro de estos habitáculos (llamados búnkeres) por jornadas que pueden extenderse por días. Los soldaditos, como se los conoce a estos chicos, generalmente se encuentran encerrados allí con candado y con las aberturas tapiadas; sólo pueden salir cuando les llega un relevo. En recompensa recibían una paga de 150 pesos por día, según un estudio de la Universidad de Rosario.
“Desde 2011 a la actualidad tenemos 220 causas de menores vinculados con el narcotráfico, cuando antes de ese año eran 24”, detalla a PERFIL la Defensora Pública de Menores Coadyuvante ante los Tribunales Federales de Rosario y San Nicolás, María Fernanda Tugnoli. Lo que representa un incremento del 816% en cuatro años.
“En el 80% de estas causas los menores terminan procesados por resultar detenidos dentro de los búnkeres en el momento del allanamiento”, describe la Asesora de Menores y agrega: “En la gran mayoría de los casos, los inculpados resultan ser lo que en la jerga se conoce como ‘perejiles’ y miembros del sector más vulnerable de la sociedad. Generalmente los menores son puestos en escena, recién el día del procedimiento. Jamás se tuvo conocimiento de su existencia y tampoco se tiene en cuenta que estaban encerrados en el lugar”.
Testimonios. “Me golpeaban, me encerraron y me obligaban a vender”. F. R. es uno de los menores que pasó largas jornadas encerrado en un búnker rosarino comercializando droga para narcos locales. Pero también es el primer caso en que la Justicia resuelve que es una víctima de trata de personas y no un victimario.
El 6 de julio pasado, el Juzgado Federal N° 4 de Rosario ordenó el procesamiento de cuatro hombres acusados de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre y dictó un embargo por 20 mil pesos para cada uno de ellos.
El pedido había sido realizado por el fiscal Mario Gambacorta quien los acusó de haber captado a dos hermanos (F.R. y un hermano mayor) con fines de “una explotación equiparable a una reducción a la servidumbre mediante la utilización de violencia física y amenazas”. Los imputados “habían colocado dentro de los búnkeres a los jóvenes en situación de vulnerabilidad para que realizaran la venta de estupefacientes” en agosto de 2011, según se informó en el sitio Fiscales.
“Me había acercado al lugar (a un búnker) para acompañar a un amigo y cuatro personas me dijeron que si no vendía para ellos iban por mi familia”, declaró en la causa este menor, según pudo saber PERFIL.
Las amenazas y la extorsión eran constantes; el miedo también: “Me amenazaban con matar a mi familia. Tenían los nombres y las fotos de cada uno de ellos”. F.R. entendió que no le quedaba opción. “Me pegaron, me encerraron con candado (en un búnker) y me obligaron a vender”.
Este joven denunció que pasaba entre 12 a 48 horas encerrado en una estructura de ladrillo de escasos metros cuadrados sin aberturas. Sin comida, baño y lugar para acostarse. Su tarea se limitaba a vender pequeñas dosis de droga a los consumidores que se acercaban al lugar. La operación se hacía por un pequeño orificio que se había liberado en la pared. Por allí pasaba el dinero y la droga.
La madre de los jóvenes, desesperada, denunció entonces que sus hijos eran prisioneros de los narcos. Los chicos lograron escapar del búnker y contar lo padecido ante la Justicia. Desde entonces forman parte del programa de testigos protegidos y ahora viven lejos de Rosario con la intención de empezar una nueva vida.
En manos de Gendarmería. La guerra entre distintas bandas rosarinas por el control del territorio dejó al descubierto el entramado y estructuras que se fueron confeccionando para prosperar en el negocio del narcotráfico. Pero también dejó muchos muertos que encendieron la alarma. En abril del año pasado, más de tres mil efectivos de Gendarmería arribaron a Rosario para tratar de calmar la situación, patrullar las calles y derribar búnkeres. Hace dos meses tuvieron que volver.
El 9 de abril de 2014, los efectivos fueron en el marco del “plan de pacificación” y allanaron más de noventa búnkeres. Así las bandas adaptaron su operatoria y dejaron los quioscos de droga para vender por delivery.
Este arribo también coincidió con una merma en el inicio de causas que tenían como protagonistas a menores de edad vinculados con el narcotráfico. Ya que entre 2011 y 2013 se había registrado “un boom” en estas causas, contaron a este diario fuentes judiciales. Gendarmería se retiró en diciembre pasado, pero cinco meses después tuvo que regresar: el negocio seguía funcionando.
