Más de 373.000 firmas fueron entregadas en el Congreso de la Nación para reclamar una reforma de la Ley 14.346, que desde hace 72 años establece las penas por maltrato y crueldad animal en la Argentina. La presentación se realizó durante la marcha nacional del pasado 26 de agosto y busca impulsar un aumento de las condenas y evitar que estos delitos sean excarcelables.
La petición fue impulsada a través de Change.org y las firmas fueron recibidas por el diputado nacional de La Libertad Avanza Guillermo Montenegro. La movilización se realizó simultáneamente en distintos puntos del país y tuvo al Congreso como uno de sus principales lugares de concentración. Entre quienes participaron de la entrega estuvo la actriz Melina Brizuela, impulsora del proyecto, junto con organizaciones y referentes de la protección animal.
El reclamo apunta a modificar una normativa sancionada en 1954 que actualmente establece penas de 15 días a un año de prisión. Además del incremento en la escala de condenas, el reclamo ciudadano contempla la prohibición absoluta de los criaderos comerciales de animales de compañía y la tipificación explícita de severas conductas de crueldad que hoy carecen de encuadre normativo.
Para quienes impulsan la reforma, el principal problema aparece cuando los casos llegan a la Justicia. “Las actuales penas, en el ejercicio diario, tornan casi nula la capacidad que tiene una ley penal de ser punitiva”, explicó a PERFIL Marcelo Sebastián Chumbita, abogado penalista especializado en derecho animal.
Una ley de 1954 y penas que llegan hasta un año
"Lo urgente es el incremento de las penas. La ley vigente tiene 72 años y quedó totalmente desactualizada; fue concebida en una época donde el foco estaba puesto, por ejemplo, en la tracción a sangre de carruajes. Realmente nos representa una frustración el trabajo que lleva hacer las denuncias, juntar las pruebas, salvar al animal y afrontar la recuperación en la veterinaria para que finalmente el imputado esté libre en menos de 24 horas", enfatizó Chumbita a este medio.
La propuesta que impulsa este sector del proteccionismo es modificar el primer artículo de la ley y llevar las penas a una escala de dos a ocho años de prisión.
El objetivo, explicó Chumbita, es que fiscales y querellantes puedan solicitar condenas diferentes de acuerdo con la gravedad de cada hecho. “No es lo mismo tener a un animal durante horas y horas en un balcón que mutilarlo o darle muerte”, ejemplificó.
El debate no se limita a la cantidad de años de prisión. La petición presentada en el Congreso también plantea incorporar nuevas figuras para contemplar formas de violencia, crueldad y negligencia. Chumbita mencionó, entre ellas, la zoofilia.
La marcha del 26 de agosto también reclamó la eliminación de los criaderos comerciales de mascotas, otro de los puntos que organizaciones proteccionistas buscan instalar en la agenda legislativa.
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El caso del adiestrador detenido en Pilar
Uno de los casos que los proteccionistas toman como referencia es el de Federico Mentasti, un adiestrador canino de 54 años detenido en Pilar luego de una denuncia por hechos de violencia contra casi una decena de perros. La investigación se inició a partir de videos grabados por vecinos, entre ellos imágenes en las que se veía a un perro ahorcado en la reja de una ventana.
Durante un allanamiento en una vivienda de Del Viso, la Policía bonaerense encontró un Dogo argentino muerto, con el hocico y las patas atadas, dentro de una pileta, y rescató a otros siete animales con signos de maltrato. Chumbita destacó el caso porque el acusado permanece detenido preventivamente mientras avanza la investigación, una situación que considera excepcional bajo las penas previstas actualmente por la Ley 14.346.
La reforma busca abrirse paso en el Congreso
La reforma todavía necesita encontrar un vehículo legislativo. La intención es que un diputado o un bloque presente un proyecto centrado en el aumento de las penas para que luego sea discutido en las respectivas comisiones y, eventualmente, llegue al recinto.
Hasta el momento, los impulsores mantuvieron conversaciones con legisladores de distintos sectores. La entrega de las más de 373.000 firmas a Montenegro buscó justamente mostrar el respaldo que consiguió el reclamo. “Necesitamos de todo el arco político, no solo de un diputado o de un espacio político. Esto tiene que ser transversal, no puede haber una grieta cuando hablamos de maltrato animal”, cerró Chumbita en diálogo con PERFIL.
Qué reclama la petición
La campaña impulsada a través de Change.org (change.org/UrgenteReformaLey14346) plantea una serie de cambios en la Ley 14.346 para actualizar la respuesta penal frente al maltrato y la crueldad animal:
Aumentar las penas de prisión por maltrato y crueldad animal.
Evitar que estos delitos sean excarcelables en la mayoría de los casos.
Incorporar nuevas figuras de maltrato, violencia y crueldad que hoy no están contempladas.
Eliminar los criaderos comerciales de mascotas.
GD/fl
