Un grupo de víctimas de la dictadura franquista en España (1939-1975) declararon ayer ante la jueza federal María Servini de Cubría, que bajo el principio de la Justicia Universal busca investigar en Argentina los crímenes del régimen fascista español.
La comitiva que se presentó en el juzgado federal está encabezada por la abogada Doris Benegas, que representa a la familia de uno de los últimos fusilados por el franquismo, José Humberto Baena Alonso, ejecutado a los 24 años el 27 de septiembre de 1975. Estudiante universitario y militante de izquierda, acusado del homicidio de un policía, Baena declaró en el juicio ante un Consejo de Guerra: "Afirmo que soy militante del Partido Comunista de España. No he participado en los hechos que se me imputan".
Después de ofrecer a los jueces militares "enseñar las huellas, que quedan en mi cuerpo, de todas las torturas que he soportado", el tribunal castrense lo declaró culpable y dictó condena a la pena capital.
El sábado 27 de septiembre de 1975, por la mañana, tres pelotones de fusilamiento, con guardias civiles y policías voluntarios, ejecutaron a Baena, José Luis Sánchez Bravo (22) y Ramón García Sanz (27), Juan Paredes Manot, (21) Txiqui, y Ángel Otaegui (33).
Desde el Vaticano -el Papa Paulo VI- hasta la ONU y la Comunidad Europea habían reclamado el indulto de los condenados. Los fusilamientos levantaron una ola de protestas y condenas en países de Europa y América, incluso con incendio de banderas españolas.
Sólo 53 días después, el 20 de noviembre de 1975, Franco murió en la cama de un hospital. La familia de Baena ha llevado su reclamo de justicia a distintos tribunales, incluso ante la ONU, sin obtener respuestas a su pedido hasta ahora. Por eso ha acudido, explicó su abogada, a la Justicia argentina, la cual pretende continuar la investigación que Baltasar Garzón no pudo seguir al ser apartado de la Audiencia Nacional.
También los ex presos políticos del franquismo Manuel Blanco Chivite, periodista y editor; Josu Mirena Ibargutxi San Pedro, jubilado, José María Galante Serrano, jubilado, y Sabino Arana Bilbao, jubilado, se presentarán, mañana, en el juzgado federal Nº1, pedirán ser querellantes y darán sus testimonios.
Pertenecen a la asociación de represaliados "La Comuna" y entregarán a la jueza las identidades de los jueces y fiscales que les condenaron, así como de los torturadores y carceleros. Si, eventualmente, la magistrada ordenase la captura internacional de aquellos podrían ser detenidos si salen de España, como ocurrió con el ya fallecido dictador chileno Augusto Pinochet al visitar Londres en octubre de 1998.
El pedido oficial ante la Justicia de España. Servini de Cubría ha preguntado vía exhorto al Gobierno español la identidad y direcciones de los ministros e integrantes del régimen de Franco que siguen con vida. Entre otros, los jefes de las fuerzas armadas y de seguridad. Por eso, los querellantes estiman que la causa podría abarcar al Rey Juan Carlos I y al ex presidente Adolfo Suárez.
La querella fue presentada en Argentina el 14 de abril de 2010 -aniversario de la Segunda República español- por familias de dos fusilados por Franco. Y la jueza Servini de Cubría se trasladará en junio próximo a Madrid para recoger testimonios de más víctimas del franquismo que quieran acercarse a declarar al consulado argentino.