La abogada Elizabet Noemí Cutaia llegó a Corrientes apenas diez días después de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, en 9 de Julio. Se presentó como integrante de un equipo que buscaba asistir a familiares y testigos, pero terminó acusada de privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública y encubrimiento. Para la Fiscalía, fue una de las principales responsables de una organización que habría utilizado el nombre de la Fundación Lucio Dupuy para intervenir en la investigación, controlar testimonios y obtener dinero del municipio.
Caso Loan: los “no recuerdo” del hijo de Caillava y las pruebas que complican su versión
La mujer, oriunda de Hurlingham, llegó al juicio oral en libertad después de haber permanecido 39 días detenida. Su nombre aparece entre los diez imputados por presuntas maniobras destinadas a entorpecer el esclarecimiento de la desaparición, una causa que se desarrolla en paralelo al proceso contra los siete acusados de sustraer y ocultar a Loan.
PERFIL accedió a documentación judicial y transcripciones de conversaciones entre integrantes del grupo que permiten reconstruir cómo se organizaron, qué ocurrió dentro del hotel Despertar del Iberá y de qué manera se discutían los honorarios que terminaron pagando las autoridades municipales.
Los mensajes incorporados al expediente permitieron a este medio reconstruir cómo funcionaba el grupo, qué se hablaba sobre los menores alojados en un hotel y de qué manera se manejaban los pagos. Una de las conversaciones más comprometedoras involucra directamente a Cutaia y a Verónica Paola Machuca Yuni, otra de las imputadas.
El 11 de septiembre de 2024, Machuca Yuni le escribió a la abogada para consultar qué debían responder sobre los honorarios que habían recibido.
—“Si preguntan por el arreglo c el intendente de nuestros honorarios sociales”.
—“Deciles que ustedes con el intendente no hablaron que nosotros les pagamos a ustedes por intermedio del intendente”, respondió Cutaia.
En ese momento, Machuca Yuni se refirió a los menores, familiares de Loan y posibles testigos, que habían sido alojados en el hotel bajo la supuesta contención psicológica del grupo que decía representar a la Fundación Lucio Dupuy.
—“No hay que mencionar que los chicos durmieron en la habitación c nosotras…si tienen ese dato”.
—“No, evitalo”, contestó Cutaia.
El intercambio se produjo dos meses después del procedimiento judicial que había puesto fin a la permanencia del grupo en el establecimiento. Para entonces, la Justicia ya investigaba las condiciones en las que habían sido alojados los niños y la intervención de personas que no contaban con autorización para trabajar con ellos. En esa misma conversación también hablaron de los pagos.
—“Si preguntan por el arreglo c el intendente de nuestros honorarios sociales”, planteó Machuca Yuni.
—“Deciles que ustedes con el intendente no hablaron que nosotros les pagamos a ustedes por intermedio del intendente”, respondió la abogada.
Según la Fiscalía, Cutaia y Alan Cañete manejaban y repartían el dinero que recibía el grupo, mientras sus integrantes mantenían contacto con testigos que podían aportar datos clave sobre la desaparición de Loan.
Quién es Elizabet Cutaia, la abogada que su defensor presentó como “inexperta”
Cutaia es abogada, nació en Morón y tenía 45 años cuando fue investigada por su participación en el caso Loan. Según la documentación judicial, llegó a la localidad correntina de 9 de Julio entre el 23 y el 24 de junio de 2024, acompañada por su pareja, Pablo Javier Noguera, y Alan Cañete.
Para ese momento, la desaparición de Loan ya había adquirido repercusión nacional. La investigación atravesaba sus primeros días, las hipótesis se multiplicaban y distintos familiares comenzaban a declarar ante la Justicia.
Cañete había contactado previamente a Ramón Dupuy, referente de la verdadera Asociación Civil Todos por Lucio Abel Dupuy, para solicitar autorización para utilizar su nombre en una intervención vinculada con los menores del caso.
Sin embargo, según la acusación fiscal, esa autorización nunca fue formalmente otorgada. Pese a ello, el grupo comenzó a presentarse como representante de la entidad. En su declaración judicial, Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, aseguró que Cañete incluso se había presentado ante él como abogado: “Alan me dijo que era abogado... Creí que Alan era abogado hasta que después en televisión dijeron que no”.
Con el paso de los días se incorporaron otras personas, entre ellas Delfina Taborda, Leonardo Daniel Rubio, Federico Rossi Colombo, Verónica Paola Machuca Yuni, Valeria Liliana López y Pablo Gabriel Núñez. También apareció Nicolás Gabriel Soria, conocido como “El Americano”, a quien la Fiscalía ubica junto a Cutaia y Cañete entre las figuras de mayor peso de la organización.
La acusación describe una estructura con funciones repartidas. Algunos se presentaban como abogados, otros como psicólogos o especialistas en asistencia a menores. No todos, sin embargo, contaban con los títulos o las habilitaciones necesarias para ejercer esas tareas.
El 1 de julio, Cutaia asumió la representación de Camila Núñez, prima política de Loan y testigo clave por haber tomado la última fotografía del niño antes de su desaparición. Dos días después, la abogada participó de una reconstrucción de los hechos junto a varios menores y otros integrantes del grupo, sin autorización de la Justicia.
Por esa intervención, los investigadores cuestionaron que personas ajenas al equipo oficial trabajaran con posibles testigos de una causa en la que todavía se intentaba establecer qué había ocurrido con un niño desaparecido.
Durante el juicio, su abogado Gabriel Roldán cuestionó que se la asociara automáticamente con todos los integrantes de los denominados falsos Dupuy. Sostuvo que el tribunal debía determinar qué hizo cada acusado y planteó que la actuación de Cutaia pudo haber sido un “pecado de ingenua, de inexperta”.
Sin embargo, mientras enfrenta un juicio por su presunta intervención en las maniobras que entorpecieron la investigación por la desaparición de un niño, Cutaia también ejerce la defensa de Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “Yiyi”, un ciudadano venezolano señalado en otra investigación federal como presunto líder de una organización narcocriminal vinculada con el Tren de Aragua en la Argentina. Boscán Bracho aparece en esa causa procesado por delitos vinculados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, según la información aportada a PERFIL.
La vinculación profesional de Cutaia con ese acusado despertó el interés de la familia del niño, que pidió profundizar la investigación sobre las relaciones entre personas mencionadas en distintas causas judiciales.
“No formulamos reproche alguno respecto del ejercicio legítimo de la defensa técnica, garantía esencial del Estado de Derecho. Nuestra causa es Loan”, aclararon los familiares, aunque pidieron que la Justicia investigue los posibles vínculos sin descartar ninguna línea de investigación.
“Da igual”: los mensajes que muestran cómo reclutaban al equipo
Las conversaciones atribuidas a Cañete y Valeria López muestran cómo se organizó la llegada de personas a la provincia de Corrientes.
El 1 de julio de 2024, Valeria López consultó a Cañete qué tipo de profesional necesitaban.
—“Psicóloga o psicóloga social?”, preguntó.
—“Da igual…te animas?...porfa con urgencia”, respondió Cañete.
Más tarde, López explicó que llevaría una técnica en minoridad y familia y dos psicólogas sociales, pero que intentaba conseguir una psicóloga matriculada ante la posibilidad de que el Juzgado exigiera informes profesionales.
—“Estoy viendo de una psicóloga matriculada por si piden informes el juzgado”.
—“Si necesitamos eso”, contestó Cañete.
Al día siguiente, 2 de julio, el intercambio comenzó a girar alrededor del financiamiento. Cañete pidió que prepararan una nota dirigida al intendente.
—“A envíame una nota asi le mando al intendente”.
López respondió:
—“El banca???...si el nos banca y paga algo no por mi sino por las que dejan de trabajar…si te armo una nota”.
Como se mencionó anteriormente, dos días después, el 3 de julio, Cutaia participó de una reconstrucción privada de la desaparición de Loan junto con Camila, su hija y otros menores, además de Cañete, Rossi Colombo, Taborda y Noguera, por fuera de la investigación oficial.
Al día siguiente, Laudelina Peña declaró como imputada y Macarena Peña prestó testimonio en sede policial. La Justicia comenzó a adoptar medidas de protección para los menores vinculados con la causa.
El 6 de julio, dos niños fueron trasladados desde la vivienda donde estaban junto a Macarena hasta el hotel Despertar del Iberá. Entonces, Cutaia informó por correo electrónico al Juzgado Federal que los menores se encontraban alojados allí junto a Camila, su hija y el equipo de abogados.
La Fiscalía sostiene que, durante aproximadamente diez días, el grupo mantuvo a las dos mujeres y a los menores bajo un esquema de control que restringía su libertad y podía influir sobre sus testimonios.
El 7 de julio, Cutaia acompañó a Soria al Juzgado Federal de Goya para intervenir en la declaración de Macarena Peña, prima de Loan e hija de Laudelina Peña, una de las principales acusadas por la desaparición del niño. Según la documentación judicial, ninguno de los dos estaba habilitado para intervenir en esa diligencia.
Los efectivos que custodiaban el establecimiento comenzaron a advertir situaciones llamativas. Uno de ellos declaró que las ventanas estaban cubiertas con telas blancas que impedían observar el interior.
El 9 de julio, Prefectura Naval Argentina se presentó en el hotel para verificar quiénes se encontraban alojados con los menores.
Los agentes fueron recibidos por "El Americano" Soria, quien se negó a identificarse y aseguró pertenecer a INTERPOL. Según el testimonio del prefecto Diego Solano, el hombre comenzó a gritar: “Esto va a traer conflicto con los Estados Unidos, se va a armar una guerra con esto”.
También habría insultado a los efectivos, arrojado muebles y retirado las lonas que cubrían las ventanas para que la prensa observara el procedimiento. La supuesta identificación internacional resultó ser una licencia de conducir estadounidense.
El 10 de julio, por orden del Juzgado de Familia de San Roque, Prefectura volvió al establecimiento. Allí encontró a Camila Núñez, Macarena Peña, los menores y varios integrantes del grupo. Al finalizar el procedimiento, las mujeres y los niños regresaron a sus domicilios y los acusados debieron abandonar el hotel.
"Seguimos chupándole la sangre este Gil": los pagos municipales
La investigación también reconstruyó el circuito de los fondos municipales. Los integrantes del grupo consiguieron que la Municipalidad de 9 de Julio afrontara gastos de alojamiento y abonara servicios profesionales que, en algunos casos, habrían sido prestados por personas sin título habilitante.
La documentación judicial identifica facturas emitidas por Cutaia por $1.050.000 y $813.000, con conceptos que incluían honorarios, traslados, alimentos, atención psicológica y asistencia a menores.
Los comprobantes incluían honorarios, pasajes, alimentación, pericias, asistencia psicológica, psicopedagogía y traslados: $140.000 atribuidos a Pablo Gabriel Núñez por tareas de psicología social, $175.000 a Valeria López, $155.000 a Verónica Machuca y $70.000 por un traslado relacionado con Federico Rossi Colombo. También se consignaron $190.000 en alimentos destinados a las familias de Camila y Macarena.
La Fiscalía cuestiona la legitimidad de esas prestaciones y sostiene que Cutaia y Cañete tuvieron un papel central en la distribución del dinero.
El 18 de julio, después de la salida del hotel, Cañete mantuvo una conversación sobre cómo repartir el dinero. En un audio mencionó que estaba con “Eli”, en referencia a Cutaia, y que había recibido $560.000 para distribuir entre seis personas que reclamaban pagos.
Dos días después, el 20 de julio, envió un comprobante de transferencia por Mercado Pago a Valeria López y acompañó el envío con otro audio.
—“Vale ahí te pasé 200 porque tengo que pasarle a Pablo, tengo que pasarle a Dios y María santísima”, comenzó.
Luego agregó: “Vamos a ir viendo cómo, cómo seguimos chupándole la sangre este Gil viste, ahora si le sacamos para ir para allá y demás”.
El 15 de septiembre de 2024, Cutaia fue detenida en Hurlingham durante los procedimientos ordenados por la Justicia Federal. Permaneció privada de su libertad durante 39 días, hasta que el 23 de octubre recuperó la libertad por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes.
En el requerimiento de elevación a juicio de abril de 2025, los fiscales Mariano de Guzmán, María Alejandra Mangano y Marcelo Colombo señalaron a Cutaia como una de las líderes del grupo y la acusaron de privación ilegítima de la libertad, estafa agravada contra la administración pública y encubrimiento. La abogada llegó al juicio en libertad y participa de su propia defensa, con asistencia letrada.
La desaparición de Loan derivó en dos causas judiciales con 17 acusados. Fuentes de la querella señalaron a PERFIL la importancia de que durante el debate oral se reproduzcan los audios y se lean los mensajes incorporados al requerimiento de elevación a juicio, cuyo contenido no habría sido expuesto íntegramente al inicio del proceso.
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