En pocas semanas se cumplirán 25 años de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, junio de 1993), que reunió a representantes de 171 Estados miembros de la ONU con el objetivo de debatir tres imperativos de los derechos humanos: “La universalidad, las garantías y la democratización”.
Argentina participó activamente a través de nuestro embajador en Austria, doctor Jorge Taiana (padre), a quien tuve el honor de acompañar.
Faltaban pocos años para el siglo XXI y ello implicaba que los derechos humanos debían constituirse en mensaje válido hacia todos los pueblos para su resguardo y protección, con la mirada puesta en el nuevo modelo universal. Dentro de esa protección se destacaban los derechos de la mujer, los niños y los pueblos autóctonos.
Esa Conferencia Mundial gestó un nuevo “espíritu de época” que traspasó todos los muros, motorizando la voluntad de construir, y en nuestra Argentina, la vocación de integrarnos al mundo, con democracia, en vías de desarrollo y respetuosa de los derechos humanos.
La “principia maxima” que dejó la Conferencia dice así: “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, y están relacionados entre sí”. “Se los debe tratar en forma global, de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso”.
En nuestra patria ingresó ese “espíritu de época” y se definieron nuevas políticas con visión de futuro. Entre ellas, convocar a una convención para la reforma de la Constitución Nacional, escrita 141 años atrás.
Fue durante ese mismo año 93 que se inician los acuerdos políticos (Pacto de Olivos) desde una razón de Estado que contuviera una nueva ética de la responsabilidad y de concertación cívica.
A pesar de algunas mezquindades –que nunca faltan–, estas se disolvieron cuando empezaron a llegar las propuestas, proyectos y discursos de los convencionales. En las sesiones de debate se destacaron los convencionales de mayor solvencia jurídico-institucional, con visión humanitaria y planteo de integración al sistema universal de los derechos humanos.
Expiraba el siglo XX y el anhelo de un milenio superior estaba en todas las mentes a pesar de la diversidad de pensamiento, de propuestas, contradicciones, agudas divergencias y aun cuestiones antagónicas.
Argentina estaba en paz social, los exiliados de la dictadura habían regresado al país en el 90, la búsqueda de los niños apropiados se consolidó con la creación, en 1992, de la Conadi (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad), las reparaciones económicas y psicológicas a las víctimas de la dictadura estaban en marcha, para quienes habían sido presos políticos y para los familiares de asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado.
Los conflictos de fronteras se habían negociado, los veteranos de Malvinas habían sido indemnizados y los Cascos Blancos operaban como fuerzas de paz argentinas en los lugares más controvertidos.
En ese marco, los derechos humanos (aunque no constaron en el Pacto de Olivos ni en los Temas Habilitados para la Reforma) ingresaron en el texto constitucional de 1994 (artículo 75, inc. 22).
Ese mismo inciso incluye varias convenciones a las que se les da actualmente jerarquía constitucional, una de ellas es la Convención Americana de Derechos Humanos (más conocida como Pacto de San José de Costa Rica).
Dicha convención fue ratificada por el presidente Alfonsín en el primer acto legislativo de su gobierno, al ingresar al Congreso Nacional el 1º de marzo de 1984 el proyecto de ratificación que se aprobó por unanimidad.
Ese hito de 1984 marcó el primer sendero. El siguiente –diez años después– fue el segundo gran hito, y de más amplitud, puesto que el sistema democrático en paz logró el mayor consenso político alcanzado hasta la fecha: la Constitución Nacional de 1994, que nos rige desde hace 24 años.
*Presidenta del Instituto Argentino de DDHH.
