Escándalo en la cárcel de Bouwer: perfil de los detenidos y cómo beneficiaban a los presos
Perfiles, vínculos y fotos de Sergio Guzmán, Alfredo Ciocca y Ramón Salas. Son los tres detenidos acusados de integrar una asociación ilícita que cobraba por falsificar informes para beneficiar a los detenidos. Quién es cada uno de los implicados.
Sergio Guzmán, Alfredo Ciocca y Ramón Salas, los detenidos. |
CEDOC
Por ahora son tres los detenidos imputados por falsificar informes para modificar la situación de detenidos en la cárcel de Bouwer. Los investigadores no descartan que haya novedades en los próximos días: "Esto es la punta de un iceberg", aseguran.
Sergio Alejandro Guzmán era uno de los tres subdirectores del Complejo Carcelario N° 1 Reverendo Francisco Luchesse. Todos lo conocían como “Chavo” en el penal de Bouwer, donde había asumido como subdirector de Operaciones a fines de 2022.
Venía de tener funciones directivas en el área de Traslados, en la cárcel de Río Cuarto, de Cruz del Eje, de Villa Dolores y en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA). Cuando estuvo en la UCA fue señalado públicamente por supuestos maltratos a los internos, según apuntaron carceleros de esa dependencia a PERFIL CÓRDOBA.
En tanto, otros guardiacárceles indicaron a este medio que Guzmán tenía muy buen trato con los empleados: "Si te quería, era excelente. Incluso ayudaba a los que tenían problemas económicos vendiendo empanadas".
Se crió en barrio Villa Unión y siempre mantuvo buenas relaciones en esa zona de Córdoba, una de las más vulnerables y hostiles de la capital provincial. Era muy “amiguero” con la gente de su barriada, cuentan los que lo conocen. También afirman que en el último tiempo se volvió “muy apasionado” por la quiniela.
Durante su carrera logró establecer buenos vínculos con la jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), que dirige Juan María Bouvier desde 2008, e internamente hay quienes entienden esa simpatía como la causa de sus ascensos. Los guardias consultados indicaron que era "muy muy subordinado a sus jefes" y que por eso "no está solo metido en este problema".
Sin embargo, la investigación que lleva adelante el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, inició tras una denuncia formulada por el SPC tras una pesquisa interna que comenzó en junio. Tal vez alguna autoridad no quiso quedar implicado en una trama compleja y decidió despegarse del asunto.
Tras su detención, Guzmán quedó en situación pasiva el mismo miércoles y dejó de percibir la totalidad de sus haberes. Tenía un grave antecedente por el hallazgo de un arma de fuego (un revólver calibre 32 con tres proyectiles) en el Módulo MD1 del Complejo Carcelario de Bouwer, cuando dirigía ese sector en 2017.
Alfredo Ciocca
El penalista Ciocca tiene un muy buen concepto entre sus pares en la Justicia de Córdoba. En ese ámbito se refieren al abogado como un “laburante, caminador de Tribunales y reconocido litigante”, indicaron a este medio.
Fue defensor de Ramón Darío Cáceres, líder de la agrupación La Fiel, la barrabrava de Talleres, quien en 2022 decidió reemplazarlo por Diego Casado, actual concejal del oficialismo en Córdoba capital.
“Cucho” Ciocca supo tramitar otras causas judiciales en las que hubieron implicados barrabravas de clubes cordobeses. Uno de esos casos fue el homicidio de Emanuel Balbo ocurrido el 15 de abril de 2017 durante el partido Belgrano-Talleres, en la tribuna popular Willington.
En esa causa participó Ciocca como abogado defensor de Yamil Salas, joven que recibió una condena a siete años y dos meses de prisión por haber sido partícipe secundario en el crimen de Balbo. El tío del condenado es Ramón Salas, el tercer detenido por el escándalo de Bouwer.
Ramón Salas
Salas, vecino de barrio Matienzo, es un fiel puntero político del oficialismo cordobés en la seccional 10ª, al sur de la ciudad de Córdoba. En el último tiempo trabajó políticamente para Stella Bustos Fierro, directora del CPC Villa El Libertador.
Como empleado en el ex Ministerio de Seguridad (actual Ministerio de Gobierno y Seguridad) supo realizar tareas administrativas en diferentes comisarías de la capital. Durante la pandemia, sus compañeros militantes sabían que vendía certificados Covid-19 legales para quienes necesitaran solicitar una licencia, aunque no hubo una acusación formal. También trabajó en cooperativas de vivienda vendiendo casas.
Luego de la trascendencia pública del caso, el ministerio decidió desvincular a Salas de Subsecretaría de Coordinación y Planificación, área en la que estaba contratado desde 2015.
En su cuenta de Facebook, Salas exhibe fotos con distintas figuras políticas de Hacemos Unidos por Córdoba, incluso con el gobernador Juan Schiaretti. También compartió imágenes con el presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, y con Roberto Ponce, el “Loco Tito”, exjefe de la barrabrava del club de barrio Alberdi.
El detenido perteneció durante un tiempo a la barra que comandaba Ponce, pero luego quedó en el bando que disputó la sucesión al histórico jefe de Los Piratas Celestes de Alberdi. Esa interna derivó en una escalada de violencia que investigó el fiscal Guillermo González y que fue elevada a juicio.
Una de las siete personas que serán juzgadas por al menos ocho episodios violentos que incluyeron amenazas, peleas y balaceras, es Paul Antonio Corvalán. Este hombre acusado de lesiones graves agravadas por uso de arma de fuego y abuso de arma y su abogado defensor es Alfredo Ciocca, hoy detenido por el escándalo en Bouwer.
El 27 de septiembre de 2022, Corvalán disparó una pistola 9 milímetros contra la casa del Loco Tito, a pocas cuadras del Gigante de Alberdi. Allí, resultaron heridos de bala el propio Roberto Ponce y otra persona que lo acompañaba. El agresor formaba parte de la facción que lideran Lucas Álvaro Luis Pavón y Germán "Gitano" Minuet.
Consumadas las detenciones de Ramón Salas y el abogado Alfredo Ciocca, desde el entorno del Loco Tito creen que estas dos personas frenaron las reiteradas denuncias que familiares de Ponce realizaron por una sucesión de hechos ocurridos entre marzo de 2021 y mayo de 2023, en los que ellos consideran que quisieron asesinar al exjefe de la barra de Belgrano.
Acusaciones
Guzmán, Ciocca y Salas, como presuntos integrantes de una asociación ilícita, habrían pedido sumas en pesos y dólares a los presos y sus familiares para falsificar informes de conducta, que les permitían mejoras en sus condiciones de alojamiento en sus celdas.
Cecilia Lanzarotti, secretaria de Gestión Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba indicó a los medios que Guzmán no tenía atribuciones para decidir “externaciones” de internos, así como tampoco las distintas modalidades de libertad.
Tampoco tenía entre sus funciones evaluar la conducta de los presos, que en el Servicio Penitenciario de Córdoba es una función que está a cargo de un Consejo Correccional, un organismo técnico criminológico integrado por psicólogos y médicos.
Según la investigación, Sosa lideraba una banda que cometía estafas virtuales, sobornaba a guardias penitenciarios, además de comandar una banda narco en el exterior.
Los acusados habrían montado en la cárcel lo que denominan un call center tumbero para cometer estafas tras ingresar no menos de 300 celulares al Complejo Carcelario de Cruz del Eje.
Estos vínculos entre los personajes de estas causas son los que el fiscal Gavier investiga para resolver las implicancias y responsabilidades.
