Llamado a llamado, así intenta el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dar impulso al blanqueo de capitales que comenzó a un paso muy lento. Es el propio funcionario el que se comunica directamente con los gobernadores de al menos cuatro provincias para que las administraciones se adhieran al régimen de sinceramiento fiscal. En los últimos días, el funcionario se comunicó con la gobernadora de Tierra del Fuego, Susana Bertone; el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y también llamó a Miguel Lifschitz, de Santa Fe, y su par de Jujuy, Gerardo Morales. Se trata de mandatarios afines a la Casa Rosada en los que Frigerio espera una respuesta favorable.
La urgencia del gobierno nacional de sumar adeptos se extiende también a la provincia de Buenos Aires, la semana que viene; el proyecto será tratado en la Legislatura, donde desde el oficialismo esperan que el massismo acompañe con la aprobación, tal como lo hizo a nivel nacional. Y es que los plazos de adhesión de las provincias son fundamentales para que la medida tenga el éxito esperado y los US$ 60 mil millones que estiman que ingresarán en las filas del macrismo.
Tal como está diseñado el régimen, existen diferentes plazos que deben cumplirse a fin de exteriorizar capitales, según el mecanismo que se elija. El más cercano de los plazos límite es para quienes tienen dinero en efectivo para blanquear. Sólo podrán hacerlo hasta el 31 de octubre y depositar los fondos en una cuenta especial en su banco, donde estarán inmovilizados por seis meses. Los bancos ya comenzaron a enviar notificaciones a sus clientes para recordar detalles de las condiciones. Algunos incluso sumaron a sus sitios de home banking una ventana especial para brindar detalles y saldar dudas de sus clientes.
Ejecutivos del sector consultados por PERFIL señalaron: “Hay pocas operaciones concretadas todavía, pero muchas consultas de los clientes”. Si bien no hay cifras oficiales actualizadas, se estima que están por encima de los US$ 42 millones.
A partir del momento del ingreso a los bancos de los fondos declarados, deben ser analizados por las entidades financieras bajo los criterios de las normas de prevención de lavado de activos, y los analistas bancarios deberán, en los casos en los que lo consideren necesario, realizar un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Allí será la UIF, dirigida por Mariano Federici, la que deberá encarar las investigaciones para definir si el origen de los fondos declarados, proviene de actividades ilícitas como el narcotráfico.
