El laberinto judicial que seguirá la reforma propuesta por el kichnerismo avizora tres escenarios posibles, sobre todo en relación a las elecciones primarias del 11 de agosto donde podría debutar la votación popular de miembros del Consejo de la Magistratura. Esto, dando por descontado que en dos semanas el oficialismo conseguirá en el Congreso convertir en ley las iniciativas.
La velocidad con la que la Corte Suprema defina si la reforma al Consejo es constitucional indicará si el nuevo sistema llega a implementarse en las elecciones de este año.
El 13 de mayo es el último día que tiene el Gobierno para convocar a las primarias, explicitándo todos los cargos que se elegirán. El 12 de junio es el límite para presentar alianzas y el 22 para las listas de candidatos.
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El laberinto se iniciará cuando empiecen a presentarse los reclamos de inconstitucionalidad, que irán acompañados de medidas cautelares. Si algún juez acepta la cautelar, el proyecto quedaría trabado, por lo que se espera que el Gobierno pida un per saltum para que defina la Corte con rapidez. Caso contrario, los denunciantes utilizarían ese recurso para llegar al Máximo Tribunal.
El peor escenario para el Gobierno sería que la Corte resuelva por la inconstitucionalidad de los cambios al Consejo de la Magistratura y deje sin efecto la elección de los jueces, abogados y académicos. La definición contraria, claro está, le allanaría el camino al kirchnerismo para aplicar sus planes.
El tercer camino sería que los jueces de la Corte rechacen los pedidos de per saltum, aunque sería difícil de argumentar por la inminencia de los plazos electorales.
En ese caso, la Corte podría resolver cuando quiera y la aplicación de los cambios dependerán de si una medida cautelar mantiene en suspenso la reforma.
Si está trabada pero igual el Gobierno decide incluir las elecciones de consejeros en las primarias, a la Corte no le quedaría otro camino que expedirse antes del 22 de junio.
