En un nuevo capítulo de la polémica con la Nación, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, prometió la contratación de seguridad privada para los hospitales y edificios públicos sin custodia de la Policía Federal, pero volvió a reclamar a la presidenta Cristina Fernández revise su decisión.
Garré fue denunciada por los presuntos delitos de "encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público" por no haber planteado ante la Justicia las presuntas irregularidades detectadas en la Policía Federal, sobre las que habló en un acto con militantes kirchneristas.
Los dichos de la funcionaria habían sido pronunciados el viernes pasado, tras una semana de polémicas por su decisión de retirar los efectivos federales de la custodia de hospitales y colegios porteños, en medio de una reforma profunda en la fuerza.
Esta tarde, la funcionaria nacional decidió faltar a una convocatoria de la Legislatura porteña para que explicara los fundamentos de su decisión, que provocó un choque con la administración de Macri y derivó en un paro de actividades en los hospitales de la Ciudad -que aún persiste- en reclamo de seguridad.
La funcionaria nacional había sido convocada por diputados de la Ciudad de todos los bloques, salvo los ligados al kirchnerismo, aunque su presencia tenía carácter voluntario.
En medio de los cruces políticos, hoy se conoció que el abogado Ricardo Monner Sans formuló la denuncia, que recayó en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, con actuación del fiscal Jorge Di Lello, por la grave denuncia que hizo Garré junto al presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, y que el viernes último publicó el diario Página 12.
Garré, de acuerdo con el reporte periodístico, afirmó que la Policía Federal era "el problema más serio y más complejo" que enfrentaba el Gobierno y alertó que sectores internos de la fuerza "disputan sobre el predominio en determinadas zonas o determinados negocios".
La denuncia sostiene que pese a las expresiones de Garré, no hay constancias de que "haya promovido la acción penal respecto de lo que conoce como conductas delictuales ocurridas dentro de la Policía Federal Argentina", ni tampoco que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, "haya instruido a algún Fiscal para que promueva las acciones que puedan corresponder".
"Debió la Ministra pedir el enjuiciamiento de los que habían tolerado esta situación por ella descrita. Entre otros, respecto del Jefe de Gabinete -el abogado Aníbal Fernández- ya que bajo su jurisdicción tuvo durante mucho tiempo a la Policía Federal", subraya la presentación.
Más allá del embate político y judicial, la ministra firmó y hoy se publicó en el Boletín Oficial una resolución que ordena a la conducción de la Policía Federal otorgar a los uniformados que pudieran ser perjudicados con descuentos en sus haberes por el retiro de los adicionales una "compensación", vía "recargo de servicios", para que patrullen las calles.
