Hace 26 años atrás, el 3 de noviembre de 1995, La ciudad de Río Tercero, ubicada en el centro de la provincia de Córdoba, era seriamente dañada por una serie de explosiones ocurridas en las instalaciones de la planta local de Fabricaciones Militares.
A las 8.55 de aquella mañana, tres detonaciones desencadenaron la tragedia que dejó siete muertos (ajenos a la fábrica militar), más de 300 vecinos heridos y daños millonarios en una parte importante de la ciudad que quedó destruida.
Las dos primeras explosiones se produjeron en la planta de descarga y la tercera, y más importante, tuvo lugar en el depósito de expedición y suministros. De esta forma, miles de proyectiles acumulados en los polvorines de la fábrica se esparcieron.
Dichas cargas dispararon contra los barrios de Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino, causando grandes daños. 8 horas después, a las 17, el presidente Carlos Saúl Menem hizo una aparición en la provincia cordobesa a través de una conferencia de prensa.
Menem afirmó que el hecho era producto de "un accidente" y, acto seguido, procedió a descartar cualquier tipo de ataque intencional y/o atentado contra la planta productiva que llegó a integrar el Grupo Metal de la ex-Dirección General de Fabricaciones Militares.
Finalmente, habló de cara a los periodistas que allí se habían acercado y remarcó: "Tienen la obligación de difundir esa palabra". Años después, se supo que el hecho estuvo destinado a encubrir un faltante de material bélico enviado por contrabando a Ecuador y Croacia.
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La investigación judicial por las trágicas detonaciones
Poco después del desastre, la Justicia comenzó a investigar lo acontecido. La primera de las hipótesis apuntaba a un accidente, ocasionado por un desperfecto en el uso de montacarga. En consecuencia, un tambor con trinitrotolueno o TNT se prendió fuego.
Sin embargo, las pericias técnicas determinaron que el trinitrotolueno no puede estallar por acción de las llamas, ya que ese material sólo puede explotar con el accionar de un detonador. Por ende, debió de ser accionado por una mano humana.
Junto a ello, y a partir del testimonio de lugareños quienes tuvieron la suerte de salir ilesos de las explosiones, se pudo reconstruir que la noche anterior al estrago hubo personas no identificadas que ingresaron en las instalaciones de Fabricaciones Militares.
Dichos personajes habrían ingresado con el objetivo de "acondicionar los elementos iniciadores del fuego, como asimismo disponer los detonadores y reforzadores necesarios para provocar horas más tarde las letales explosiones".
No sería la única prueba de la intencionalidad del hecho. A ello, se suma la direccionalidad de las explosiones, cuyas ondas expansivas se dirigieron al sur y al este, donde se encontraban los empleados y el polo petroquímico de Río Tercero.
Finalmente, uno de los últimos detalles que terminó de confirmar que el ataque fue coordinado recayó en la ausencia de dos importantes figuras. Tanto el director como el subdirector de la fábrica, se ausentaron de la empresa para viajar a Buenos Aires.
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La trama oculta detrás del "accidente"
Las explosiones fueron el escenario perfecto para encubrir el tráfico de armas. Entre 1991 y 1995, el Gobierno de Menem firmó decretos para vender armas a Panamá y Venezuela, que terminaron en Ecuador y Croacia en operaciones de triangulación.
El armamento de origen argentino vinculado con estos dos países era un grave problema diplomático y político para el gobierno argentino, que había desplegado un contingente militar como fuerza de paz en Croacia, en la guerra que atravesaba la ex Yugoslavia.
Todo ello se vio potenciado también por el papel de Argentina como garante de un acuerdo de paz entre Perú y Ecuador, naciones que a principios de 1995 se enfrentaron en un conflicto armado por una disputa de límites territoriales latinoamericanos.
En esos años, cañones, obuses y proyectiles eran retirados de las unidades militares para ser llevados a la planta de Río Tercero con el pretexto de ser reparados, pero desde allí eran embarcados en puertos para ser destinados al lugar requerido.
Durante el verano de 1995, los casos de armas argentinas descubiertas en Croacia y Ecuador comenzaron a multiplicarse. En paralelo, los jefes de las unidades del Ejército que tenían material alojado en Río Tercero comenzaron a demandar su reintegro.
Una pericia contable incorporada a la causa determinó que al momento del siniestro, faltaban entre 24 mil y 49 mil municiones en la fábrica donde se encontraban almacenados. Dicha información pudo ser corroborada a partir del inventario.
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Los condenados por el catastrófico ataque en Río Tercero
Una vez reunidos todos los elementos, el Tribunal Oral Federal Número 2 de Córdoba condenó por estrago doloso seguido de muerte a Edberto González de la Vega, director de Coordinación Empresaria de Fabricaciones Militares, a 13 años de prisión.
A De la vega se sumaron Carlos Franke, director de Producción de Fabricaciones Militares (13 años), Jorge Antonio Cornejo Torino, coronel director de la Fábrica Militar de Río Tercero (13 años) y Marcelo Gatto, jefe de la División Producción Mecánica (10 años).
Menem, quien en en 2018 había resultado absuelto dentro de la causa por contrabando de armas a Ecuador y Croacia, debía enfrentar el debido proceso una vez más partir del 24 de febrero de 2021. Sin embargo, falleció 10 días antes de que eso ocurriera.
JFG / ED
