El Gobierno recrudece la disputa con los sectores piqueteros más duros y lanza auditorías de cuentas

Lejos de un acuerdo, con protestas en las calles que se suceden mes a mes, el conflicto que mantienen el Gobierno y los movimientos sociales más combativos nucleados en Unida Piquetera promete seguir escalando, con dos ejes que se encuentran sobre la mesa: las denuncias en torno a las cambios en las unidades de gestión de los titulares del Programa Potenciar Trabajo y el avance de auditorías en el reparto de alimentos que recibieron las organizaciones.

El primer punto es motivo de acusaciones cruzadas y ambos se acusan de “usar a la gente de rehén”. Una disputa que vio la luz a raíz de la decisión de la Casa Rosada de habilitar la opción, por página web y a principio de año, para que aquellos beneficiarios del Potenciar Trabajo puedan elegir su contraprestación de áreas productivas, sociales y educativas bajo gobiernos, municipios o emprendimientos que dependen de las organizaciones sociales en pugna y eventualmente modificar ese estatus de manera libre. 

En torno a esto, desde el Ministerio de Desarrollo Social confirman que miles de titulares pretenden ser designados a una unidad específica o contraprestar en una unidad distinta a la asignada, pero encuentran trabas desde las propias organizaciones. 

El Ministerio quiere corroborar si efectivamente se entregaron los alimentos a la gente

La cartera que conduce Juan Zabaleta indagó sobre esas solicitudes y encontró que “más del 15% de las respuestas abiertas manifiestan situaciones de maltrato, irregularidades con las tareas a realizar, exigencia de cobro de una cuota o aporte, amenazas de baja y obligación de ir a marchas o movilizaciones. Podemos decir que alrededor de 7 mil titulares manifiestan este tipo de situaciones que motivan a solicitar el cambio de UG”.

En relación a la ubicación de las solicitudes, más del 50% se encuentra en la provincia de Buenos Aires, siendo el área metropolitana la que concentra mayores pedidos. En segundo lugar se encuentra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 6,2%, provincia de Tucumán con el 4,8% y la provincia de Jujuy tercera con el 4,4%. Las cifras, de acuerdo a fuentes oficiales, guardan cierta proporción con las cantidades de titulares existentes en dichas provincias y regiones.

En diálogo con PERFIL, Gustavo Aguilera, viceministro de Desarrollo Social, explicó: “El Potenciar Trabajo tiene un sistema por el cual el Ministerio le da un beneficio a la persona y esa persona se remite a una unidad ejecutora, que puede ser una organización social, una iglesia, un municipio o una provincia. El macrismo lo que hizo fue habilitar que las organizaciones sociales sean unidades ejecutoras, antes no pasaba. Por lo tanto, las organizaciones le dan a la gente las actividades y a su vez controlan el presentismo”.

Y puntualizó que miles de personas se mostraron “incómodas, querían trabajar en otro emprendimiento, otra que se mudó y registramos casos en los que el beneficiario recibió presiones para movilizarse o directamente le pidieron plata”. “Por eso hicimos la resolución, para que la gente pueda salir de la organización. Al día de hoy, hay 176.678 pedidos de cambio”, añadió.

Para el funcionario, no hay dudas: “Es duro decirlo, pero acá no puede haber rehenes, si la gente quiere se tiene que ir de su unidad ejecutora. Y es un punto de conflicto porque una de las movilizaciones, la de marzo, se produjo porque ellos no querían que se implementen los traspasos”.

Las organizaciones se encargan de controlar el presentismo del Potenciar Trabajo

Desde Barrio de Pie ofrecen otra mirada sobre el tema. Según Silvia Saravia, coordinadora nacional del movimiento, hay observaciones que no pueden pasar por alto porque “la persona puede desvincularse de una unidad de gestión de manera virtual, pero después para ser reasignada hay un bache, incertidumbre, porque no se les permite elegir a dónde quieren participar. Ya lo denunciamos”, advirtió en conversación con este medio.

A su vez, aseveró que “el Ministerio tiene a la gente de rehén, no les aseguran en qué lugar pueden trabajar, tampoco les permiten ir a las oficinas de Anses de forma presencial, para hacer un trámite y decidir su unidad. Nosotros hicimos la propuesta y no la aceptaron”.

La dirigente se encuentra convencida de que la cartera “se queda con la potestad de definición” y que “en los casos en los que la gente quiere estar en organizaciones opositoras, no tienen asignación de lugar de trabajo, algo que sí sucede cuando pretende estar bajo organizaciones oficialistas o municipios”.

En cuanto al segundo eje, la cartera que lidera Zabaleta colocó su lupa en auditorías vinculadas al reparto de alimentos ya que el Ministerio, en marzo, y ante la escasez de harina y derivados del trigo por la guerra entre Rusia y Ucrania, decidió entregar un subsidio económico a diferentes agrupaciones sociales. Esa asistencia, como asevera Aguilera, fue “una transferencia directa”.

“Y estamos pidiendo precisiones, las organizaciones tienen que rendir cuentas, con el listado de personas que recibieron los alimentos. Ya hicimos intimaciones, porque no hubo rendiciones. El paso posterior a la intimación y a la auditoría, es ir al lugar y ver si efectivamente entregaron o no los alimentos, estamos en esa dirección”, detalló. 

El Polo Obrero justificó el cobro del 2%

El Polo Obrero se defendió de las acusaciones y justificó el cobro, voluntario, del 2% de cada plan social que reciben sus militantes. En un comunicado, explicaron que es para “financiar la lucha como cualquier sindicato u organización popular”.

Para la organización liderada por Eduardo Belliboni “diferentes sectores del poder económico y político han salido a hacer una campaña repleta de mentiras, tergiversaciones y manipulaciones que tiene el objetivo de desprestigiar la lucha piquetera por el trabajo, contra el hambre y la pobreza”.

La agrupación da cuenta que “lo que en realidad ocurre es que las organizaciones de los desocupados organizan y defienden un financiamiento autónomo para las necesidades de la lucha y de los barrios”.

En este marco, puntualizan y aclaran que: “el movimiento piquetero sostiene, sin apoyo del Estado, miles de comedores populares en todo el país. Para eso es necesario, como cualquiera sabe, tener un lugar dónde hacer la olla popular y por lo tanto pagar alquileres, comprar una garrafa, pagar los fletes para trasladar los alimentos que el Estado no entrega en la puerta de cada comedor sino, en un depósito Central”.

El colectivo social aseguró que esos gastos deben ser costeados por el Estado, pero “se terminan financiando las familias que concurren a los comedores”. Y agregan que la organización financia su actuación del mismo modo que un club, que una sociedad de fomento, un sindicato o cualquier otra organización popular”.