Lo que comenzó como un macabro hallazgo policial en el litoral argentino terminó por destapar una olla de presuntas estafas inmobiliarias reiteradas que compromete severamente a un conocido desarrollador y constructor de la Capital Federal. Hace unos meses, el cuerpo de un hombre fue encontrado oculto dentro de una pared en una obra en construcción en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos.
La edificación, ubicada en la estratégica intersección de la Costanera Quirós y la calle Moreno, estaba a cargo de Julián Battaggi. El espeluznante hecho desencadenó un fuerte operativo judicial y abrió múltiples líneas de investigación.
A raíz de este episodio, los investigadores cruzaron datos y confirmaron que Julián Battaggi es un actor recurrente en el rubro de la construcción que arrastra un tendal de denuncias penales por estafas en la Justicia de la Capital Federal, además de millonarias demandas civiles presentadas por sus víctimas.
Según informaron los estudios jurídicos que patrocinan a los damnificados, el mecanismo de defraudación consistía básicamente en atraer a personas que buscaban acceder a su vivienda propia, prometiéndoles departamentos terminados en edificios en pozo o en pleno proceso de ejecución.
Los denunciados percibían importantes sumas de dinero en dólares por parte de los adquirentes. Sin embargo, el dinero no se volcaba a las estructuras: las obras no avanzaban y terminaban siendo completamente abandonadas, dejando a las familias en la calle y sin sus ahorros.
Los abogados Dr. Maximiliano Raúl Rima y la Dra. Marina Soledad Asti Vera, representantes legales de un amplio grupo de afectados, compararon la gravedad y la metodología de este caso con el recordado "caso de los L'Abbate", un clan de constructores que terminó con sus integrantes tras las rejas por maniobras de idéntica naturaleza.
Actualmente, la situación de Julián Battaggi y sus asociados es crítica y se tramita en simultáneo en tres fueros distintos:
• En el Fuero Penal: Están formalmente acusados por los delitos de estafa, defraudación y malversación de fondos.
• En el Fuero Comercial: Enfrentan un concurso preventivo o proceso de quiebra decretado.
• En el Fuero Civil: El Juzgado N° 44 dictó severas medidas cautelares que superan el millón de dólares con el fin de preservar los activos existentes y asegurar una futura indemnización para las víctimas, cuyas demandas no paran de acumularse.
Ante el riesgo de elusión, la Justicia dictó además una medida tajante: la prohibición de salida del país para el constructor y sus socios principales.
Estafados
Desde el estudio de los Dres. Rima y Asti Vera confirmaron que, hasta el momento, se han contabilizado formalmente 60 familias damnificadas por estos emprendimientos fallidos. No obstante, los letrados advierten que la cifra de víctimas podría ser significativamente mayor, ya que se están rastreando otras obras sospechosas situadas en la zona Oeste de la Provincia de Buenos Aires.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los proyectos inmobiliarios bajo la lupa judicial —y que hoy se encuentran en pleno proceso de saneamiento corporativo e inmobiliario— están ubicados en zonas de alta cotización: un edificio en la calle Palestina 1170, en el barrio de Palermo, y otro en Guardia Vieja 3468, en Almagro.
El caso vuelve a poner el foco sobre la laxitud de los controles estatales en el desarrollo urbano privado. Si bien el marco normativo argentino delega la fiscalización de las sociedades en la Inspección General de Justicia (IGJ) y la habilitación y policía de las obras en las Direcciones de Obras Particulares de cada municipio (o la AGC en el caso porteño), los profesionales del derecho coinciden en que la supervisión de las autoridades administrativas está resultando tardía e ineficiente para detectar estas estafas a tiempo.
Mientras tanto, las decenas de familias que perdieron las ilusiones de la casa propia aseguran que mantendrán la presión en los tribunales hasta las últimas consecuencias en busca de justicia y de la recuperación de sus ahorros.
MM.
