La Academia Nacional de Periodismo denunció una persecución judicial contra la periodista y abogada Natalia Volosin luego de que la cronista revelara detalles del caso $LIBRA. El comunicado oficial, emitido este lunes, vinculó el accionar del fiscal federal Eduardo Taiano con un intento de vulnerar el secreto profesional periodístico.
El documento firmado por Morales Solá y la secretaria académica Silvia Naishtat sostuvo que la información difundida por la abogada expuso un supuesto acuerdo entre el empresario norteamericano Hayden Davis y el presidente Javier Milei para la promoción de la criptomoneda $LIBRA.
"De la información de Volosin se desprende que el fiscal federal Eduardo Taiano retuvo indebidamente durante meses el informe que daba cuenta del supuesto contrato", sentenció la institución en su descargo público. La entidad remarcó que el fiscal buscó presionar a la periodista para conocer el origen de sus datos.
El texto de la academia calificó la investigación como un "hecho periodístico" que permitió la salida a la luz de datos que el poder político y judicial intentaron mantener bajo reserva. La labor de la columnista quedó bajo la órbita de protección constitucional.
"Esa es la misión fundamental del periodismo y, por lo tanto, está protegida por el artículo 43 de la Constitución nacional argentina", subrayó el organismo. El reclamo exigió el cese inmediato de las medidas que afectaron el libre ejercicio de la profesión.
La causa $LIBRA investiga la naturaleza de los vínculos financieros entre la administración nacional y empresas de activos digitales. La sospecha recayó sobre un documento contractual que Taiano mantuvo fuera del expediente principal durante varios períodos mensuales.
La Academia Nacional de Periodismo hizo un llamado directo al integrante del Ministerio Público para que detuviera las citaciones y requerimientos contra la profesional. El comunicado instó a que el Poder Judicial actúe como garante de la libertad de prensa.
El caso generó repercusiones en diversas asociaciones de medios que observaron con atención el pedido de indagatoria sobre las fuentes de información. La jurisprudencia argentina impidió históricamente la obligatoriedad de revelar informantes en el marco de investigaciones de interés público.
El impacto de la denuncia de Natalia Volosin en el caso $LIBRA
La revelación de Volosin sobre el contrato con Hayden Davis forzó la reactivación de una causa que permaneció estancada en los tribunales de Comodoro Py. El dato central fue la existencia de un compromiso de promoción estatal para una moneda privada.
El fiscal Taiano quedó en el centro de las críticas por la custodia de las pruebas. La demora en la incorporación del informe clave al expediente principal motivó sospechas sobre una posible protección a los involucrados en el acuerdo comercial.
El empresario Hayden Davis, titular de la firma emisora de $LIBRA, mantuvo reuniones previas con funcionarios del entorno de Javier Milei. Esos encuentros ocurrieron antes de la firma del presunto convenio que la periodista puso a disposición de la audiencia.
La respuesta judicial, lejos de profundizar en el contenido del contrato, se enfocó en el proceso de filtración de los documentos. Este giro procesal fue el que activó la alarma de la Academia Nacional de Periodismo ante el riesgo de criminalizar la actividad de prensa.
Por qué el artículo 43 de la Constitución Nacional protege a Volosin
El marco legal argentino garantiza el secreto de las fuentes de información periodística a través de la reforma constitucional de 1994. Este blindaje impidió que jueces o fiscales obliguen a los redactores a entregar sus bases de datos o nombres de informantes.
"Hacemos un llamado al doctor Taiano para que cese su persecución contra Volosin", destacó la institución en su cierre. La entidad consideró que el accionar del fiscal constituyó una amenaza directa a la seguridad jurídica de los profesionales de la comunicación.
El conflicto escaló a niveles institucionales debido a la relevancia de los actores involucrados. La mención directa al presidente Javier Milei en el supuesto contrato otorgó a la investigación un carácter de urgencia institucional que la justicia no reflejó en su celeridad.
La situación de Volosin se sumó a una serie de cruces entre el gobierno y la prensa. La Academia Nacional de Periodismo enfatizó que la salud del sistema democrático dependió de la capacidad de los medios para auditar al poder sin represalias judiciales.
La falta de respuestas claras por parte del juzgado interviniente sobre el fondo de la cuestión —el acuerdo con Davis— reforzó la postura de la academia. La atención se desplazó desde el contenido de la denuncia hacia la figura de quien la publicó.
Finalmente, el organismo recordó que la libertad de prensa es un pilar que el Poder Judicial debe custodiar. El cese de las hostilidades contra la abogada fue planteado como una condición necesaria para el desarrollo del periodismo de investigación en el país.
