La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) se sumó al repudio contra el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por la “intimidación” contra Nik, dibujante de Gaturro. Tras las críticas por Twitter del humorista gráfico contra diferentes planes del gobierno, el funcionario respondió en defensa de esas medidas pero agregando una mención al colegio donde asisten las hijas.
La respuesta a Cristian Dzwonik (Nik) por parte de del ministro “expone el clima de baja tolerancia a la crítica por parte de las autoridades nacionales”, señaló la organización privada y sin fines de lucro. Y definió: “La amenaza implícita que encierra la respuesta ministerial agrega un tono de mayor gravedad a la tensión sobre la libertad de opinión en nuestro país”.
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A continuación, indicó que la “amenaza” a un ciudadano por su opinión sobre la gestión gubernamental “excede el límite de los parámetros democráticos en el que el debate público debe transcurrir”. Desde LED agregaron que de no mediar una toma de posición oficial sobre la mencionada “inconducta” del miembro del gabinete, “lo torna ilegítima y autoritaria”.
Desde Libertad de Expresión + Democracia también hacen referencia a las disculpas emitidas por Aníbal Fernández quien en un tuit dijo: “No amenace a nadie. Le dije a Nik que, de sentirse amenazado, me disculpaba”.
Sobre la situación de referencia señalaron que representa “una fuerte restricción a la libertad de expresión”; y a continuación citan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual se debe tener una mayor tolerancia y apertura a la crítica frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por las personas en ejercicio de dicho control democrático”.
En el final de su comunicación se solidarizan con el “cronista gráfico” Cristian Dzwonik, y expresan su “enérgico repudio” a cualquier tipo de agravio, intimidación o amenaza hacia la prensa, hacia la opinión ciudadana, así como hacia toda restricción que comprometa el ejercicio de la libertad de expresión amparada por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que a ella se integran.
