Córdoba actualizó las multas de tránsito: manejar alcoholizado puede costar más de $4 millones

El Gobierno de Córdoba actualizó este miércoles el valor de la Unidad Fija (UF), el parámetro utilizado para calcular las multas de la Policía Caminera. A partir de la medida, las sanciones por infracciones de tránsito pueden alcanzar los $4.202.000 en los casos de mayor gravedad.

La actualización fue publicada en el Boletín Oficial por la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito y fijó cada UF en $2.101. El nuevo valor impacta directamente sobre las multas previstas en la legislación provincial.

Las infracciones leves, como conducir fumando, contemplan sanciones de entre 20 y 100 UF. De esta manera, los montos van desde $42.020 hasta $210.100 y pueden incluir la quita de hasta dos puntos de la licencia de conducir.

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En el caso de las infracciones graves, las penalidades oscilan entre 100 y 200 UF, equivalentes a multas de $210.100 a $420.200. Además, la normativa establece la pérdida de entre dos y cinco puntos del carnet.

Dentro de esta categoría se encuentran faltas como circular con las luces apagadas, conducir de manera negligente o temeraria, incumplir los límites de velocidad y realizar adelantamientos indebidos. También se incluyen la omisión de auxilio ante un accidente, los estacionamientos peligrosos y la falta de documentación o condiciones técnicas exigidas.

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Por su parte, las infracciones muy graves prevén multas de entre 200 y 400 UF, con montos que pueden llegar hasta los $840.400. Estas faltas también pueden derivar en la pérdida de entre cinco y veinte puntos de la licencia. Entre las conductas alcanzadas se encuentran cruzar un semáforo en rojo, circular en contramano y exceder ampliamente la velocidad permitida en situaciones de riesgo. 

Las multas más elevadas corresponden a las denominadas infracciones máximas, entre ellas conducir con alcoholemia positiva o destruir infraestructura vial. En estos casos, las sanciones van de 1.200 a 2.000 UF, es decir, entre $2.521.200 y $4.202.000. Además del pago económico, la normativa contempla la inhabilitación para conducir y, en determinadas circunstancias, la posibilidad de iniciar acciones penales.