Crimen de Nora Dalmasso: cuáles son las pruebas de la Fiscalía para requerir juicio a Roberto Bárzola

A tres años desde que se constituyó una Unidad Fiscal para investigar quién mató a Nora Dalmasso el 26 de noviembre de 2006, el fiscal Pablo Jávega solicitó la elevación a juicio de Roberto Bárzola por abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte y violación de domicilio.

Mientras tanto, se tramita en un expediente separado el “incidente” de la falta de acción o prescripción que solicitó la defensa del -ahora- único sospechoso del crimen. La Cámara 2a del Crimen de Río Cuarto respaldó la posición defensiva y la familia Macarrón interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia para que revise esa posición. 

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El fiscal Jávega sostuvo su convicción de la responsabilidad de Bárzola en el abuso sexual y homicidio de Nora Dalmasso, con el “grado de probabilidad grave y consolidado” que se requiere en la etapa inicial.

Parece un contrasentido hablar de investigación preliminar cuando han pasado más de 19 años del homicidio, pero el naufragio de la última acusación contra el viudo Marcelo Macarrón, absuelto en el juicio oral y público, motivó la apertura de la mencionada “Unidad Fiscal” a cargo de Jávega. Ese organismo es el que acaba de concluir su tarea y mantiene la imputación contra el hombre cuyo ADN es compatible con los rastros genéticos hallados en el cuerpo de la víctima: Roberto Bárzola. Para ello revisó el voluminoso expediente nuevamente.

Las claves de la acusación 

El fiscal detalló que no existe prueba directa —como un testigo presencial o una filmación—, algo habitual en delitos cometidos dentro de una vivienda. La acusación se apoya en prueba indiciaria múltiple y convergente, entre la que se destacan:

• ADN: compatibilidad genética del imputado Gustavo Pedro Bárzola con vestigios biológicos hallados en el cuerpo de la víctima.

• Presencia temporal y espacial: indicios que lo ubican en el lugar y momento del hecho. Bárzola dijo que estuvo en la casa pero que no trabajó porque no lo atendieron.  

• Falsa coartada: el imputado declaró haber estado trabajando en una casa de un country colindante, extremo desmentido por guardias, registros y el propio dueño del inmueble.

• Descripción coincidente con la escena: relató detalles de un piso mojado por la lluvia que no existieron en el country donde dijo que trabajó, pero sí en la casa de Dalmasso, donde había aberturas abiertas y la lluvia había ingresado. 

El requerimiento fiscal encuadra el hecho como abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte y violación de domicilio, en concurso real. 

Los peritajes médicos coincidieron en una asfixia mixta (manual y con lazo) como causa de muerte y en la existencia de lesiones con contenido sexual. Jávega explicó que la discusión histórica sobre si hubo relación consentida quedó zanjada al identificarse al presunto autor: un desconocido para la víctima, sin vínculo alguno que permitiera sostener consentimiento.

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Motivación: un elemento limitado

La motivación del abuso y posterior homicidio es uno de los puntos más difíciles de reconstruir por el paso del tiempo, explicó el magistrado. El único disparador objetivable es un reclamo de la víctima por el trabajo que realizaba el imputado en la vivienda. Jávega subrayó que no hay elementos que expliquen el abuso más allá de ese intercambio previo, y que una pericia psicológica profunda no pudo completarse porque la defensa del acusado se opuso.

Cómo sigue el proceso

El requerimiento fue notificado a la defensa, que puede oponerse y cuestionar tanto la prueba como la prescripción. De hacerlo, resolverá el juez de control y, eventualmente, volverán a intervenir instancias superiores. En paralelo, la posibilidad de un juicio por la verdad queda en manos de los jueces, como respuesta judicial aun cuando no se imponga pena.

“Hoy no hablamos de certezas, sino de una probabilidad grave, como exige la ley para ir a juicio. La certeza sólo puede surgir del debate oral y la decisión de los jueces”, concluyó Jávega.

Jury a los tres fiscales

Mientras tanto, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Córdoba resolvió el 4 de diciembre pasado abrir juicio político a los tres fiscales que investigaron el crimen de Nora entre 2006 y 2022, Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro.

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Fue notificado el fiscal General, Juan Manuel Delgado, quien firmó junto a la fiscal Adjunta, Bettina Croppi.

Tienen 30 días hábiles para formular la acusación. El Jury abrió el proceso por mal desempeño y negligencia grave.