Dos policías son juzgados por un femicidio que pudieron evitar y no lo hicieron

Ayer inició en los tribunales provinciales de Córdoba el juicio contra el oficial subinspector Hugo Javier Maza y el comisario José Ramón Guevara, por incumplimiento de sus deberes como funcionarios policiales, en relación con el femicidio de Giuliana Marianella Adriana Silva. Los hechos que motivan este juicio se remontan a julio de 2019.

El 5 de julio de aquel año, la Unidad Judicial de Violencia Familiar ordenó una consigna policial urgente en el domicilio de Giuliana Silva, ubicado en calle La Niña N° 2950, barrio Suárez, en Córdoba. La medida buscaba proteger a la víctima. Ella había denunciado cinco veces a su ex pareja, Edgardo Rodolfo Tissera, por hechos de violencia de género.

Explosión de un gasoducto en Villa María: murieron padre e hijo en el Instituto del Quemado

Maza se encontraba de servicio en la Comisaría Décima. El recibió la orden, pero no la ejecutó. 

De manera similar, el comisario Guevara, titular de la dependencia policial tampoco verificó la colocación de la consigna en la casa de Giuliana. 

Como resultado de la falta de protección policial, el 7 de julio -dos días después de la orden judicial-, Edgardo Rodolfo Tissera atacó a Giuliana Silva en su domicilio. Con tres disparos de arma de fuego le quitó la vida. Tissera fue condenado  a prisión perpetua en junio del 2021 por el femicidio. Como colofón de aquella sentencia, quedó pendiente juzgar la conducta omisiva de los policías. Era un femicidio que podía evitarse y no se evitó.

Los acusados, Maza y Guevara, estaban obligados a cumplir con la orden judicial. La consigna policial ordenada tenía como objetivo resguardar la vida de la mujer quien tenía miedo y había denunciado a su expareja para prevenir lo que finalmente ocurrió. 

Persecución policial con el ministro de protagonista: "Fue todo muy de película, pero en ningún momento tuve miedo", dijo la asaltada

Maza y Guevara están siendo juzgados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Mientras tanto, continúan en funciones según reveló la abogada querellante, Daniela Morales Leanza, quien representa al padre de Giuliana Silva.

El debate se lleva adelante en la Cámara 10a del Crimen, integrada con jurados populares y con la acusación pública a cargo del fiscal Gustavo Arocena.