La Justicia admitió el recurso de amparo ambiental presentado por los vecinos de Villa Belgrano pero no se detendrán las obras

La Cámara Contencioso Administrativo de Segunda Nominación dio lugar al recurso de amparo ambiental presentado por los residentes del barrio Villa Belgrano, quienes buscan suspender el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios que dañen la calidad de vida de los vecinos en esa zona al noroeste de la ciudad de Córdoba. 

La admisión de la acción por parte de la Justicia no constituye una aprobación de la medida, pero reconoce que el recurso presentado por los demandantes cumple con los requisitos necesarios para ser considerado por la Cámara. A pesar de esto, las obras continúan su curso sin interrupción.

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En este punto, la Cámara debe iniciar la fase de evaluación de la documentación presentada para determinar si procede la aceptación del amparo, lo que conllevaría, entre otras cosas, la suspensión de los proyectos inmobiliarios en el barrio.

Los vecinos del barrio han promovido esta acción legal a través del centro vecinal en un esfuerzo por detener el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios que, según alegan, no cumplen con las normativas ambientales y urbanísticas vigentes.

Las claves del amparo

La demanda aborda varios aspectos. En primer lugar, solicita que la Municipalidad se abstenga de emitir nuevas autorizaciones para proyectos inmobiliarios. Asimismo, busca revisar la legalidad y sostenibilidad de proyectos que han recibido autorización, pero aún no han sido construidos. En este último caso se requiere que estas obras “sean revisadas en sus aspectos de legalidad y sustentabilidad, y eventualmente se ordene la readecuación de tales proyectos o su revocatoria”.

En el caso de los proyectos que ya han recibido aprobación y cuya construcción está en curso, los residentes solicitan “que las mismas sean revisadas y si no se ajustaren a la autorización otorgada se ordene su demolición”, según lee el documento.

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Entre otras cosas, la demanda también incluye la solicitud de acceso a la información sobre proyectos inmobiliarios cuestionados y la copia de los expedientes administrativos relacionados con ellos, así como la obtención de un listado público de proyectos aprobados bajo excepciones en los últimos 10 años.