La Justicia investiga al Patronato del Liberado por el crimen de Rocío Gómez, un femicidio anunciado

El fiscal Anticorrupción Matías Bornancini investiga la actuación administrativa del Patronato del Liberado y la jurisdiccional del Juzgado de Ejecución Penal 1 de Córdoba, en el cumplimiento de una condena a dos años y 2 meses de prisión condicional impuesta en octubre del año pasado a Maximiliano Baudraco por violencia familiar. Luego de aquella sentencia de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, Rocío Gómez presentó nuevas denuncias. Sin embargo, el 20 de julio pasado -y a pesar de una orden que le impedía acercarse a ella- Baudraco la asesinó a puñaladas en Santa María de Punilla.

No debía acercarse al domicilio de la víctima, pero allí la asesinó. No debía consumir alcohol ni drogas, numerosos testigos dicen que su conducta no cambió. Debía realizar tratamiento psicológico en violencia de género y cumplir tareas comunitarias. No hizo nada de eso. El final fue anunciado: mató a su expareja.

En la cronología aparece un dato relevante y grave: el Patronato del Liberado habría presentado su informe ocho horas después de que Baudraco ejecutó el femicidio.

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El Patronato del Liberado bajo la mira 

Hace 15 días la abogada Daniela Morales Leanza, en representación de la familia de la víctima denunció esos hechos. “No debemos acostumbrarnos a decir que el sistema falló porque hay responsabilidades y funciones”, señaló la letrada. Agregó que la titular del Patronato del Liberado, Patricia Corvalán, “mintió a toda la sociedad” cuando aseguró que se hicieron los controles y se presentaron los informes al Juzgado de Ejecución, a cargo de Facundo Moyano Centeno.

La abogada asegura que el último informe ingresó al Juzgado después del crimen, lo que resulta de una gravedad trascendente.

Se busca determinar si existieron fallas o faltas graves en el control y ejecución de la condena.

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Declaración clave y allanamientos simultáneos

El fiscal de la causa ordenó avanzar con medidas de urgencia luego de tomar declaración a una testigo que aportó datos "muy importantes" para la investigación, según reconocieron a este medio fuentes judiciales.

Llevó a cabo allanamientos simultáneos en las dependencias del Patronato en la ciudad de Córdoba y en Villa Carlos Paz. En los operativos se secuestró un volumen importante de documentación que actualmente se encuentra bajo análisis de los peritos judiciales.

Retraso tecnológico y carencia de recursos

Los primeros pasos de la investigación judicial expusieron el estado de profunda precarización en el que opera la repartición pública encargada de supervisar a los condenados bajo regímenes de libertad o ejecución de pena.

Padece una "absoluta carencia de recursos" y cuenta con un personal escaso -alrededor de 20 empleados- para cubrir las necesidades de toda la provincia de Córdoba.

A esta limitación se suma un retraso tecnológico total: el organismo se rige bajo un criterio de cero informatización. El control de los internos se asienta de manera exclusiva en legajos de papel y mediante el uso de formularios de carácter precario, lo que según los investigadores impide llevar adelante un control verdaderamente estricto.

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¿Informes fraguados post-femicidio?

El núcleo más delicado de la denuncia de la querella apunta a la existencia de un posible encubrimiento u ocultamiento de negligencias. La abogada de la familia de Rocío Pérez sostiene que el último informe de control de Baudruco fue presentado ante la Justicia el lunes 20 de julio, a las 15:30 horas.

La gravedad del dato radica en que la presentación se realizó horas después de que el femicidio se consumara y cuando la trágica noticia ya se había difundido masivamente en todos los de comunicación. La principal sospecha a dilucidar es que los funcionarios del Patronato, al enterarse del crimen, acudieron de urgencia al expediente para incorporar el informe y simular que habían cumplido a tiempo con sus obligaciones de supervisión.

Aunque la información se envía a los tribunales vía correo electrónico, la fecha de confección real del papel escrito sigue siendo incierta debido al soporte físico.

Desde el Ministerio de Justicia, del cual depende el Patronato, se informó a este medio que avanza la investigación administrativa y no hubo cambios en la jefatura donde permanece Patricia Corvalán.