El Ministerio de Justicia de Córdoba abrió un sumario administrativo a autoridades y empleados del Patronato del Liberado para deslindar responsabilidades en el caso del presunto femicida Maximiliano Baudraco.
El hombre había sido condenado en octubre del año pasado y la Cámara del Crimen de Cruz del Eje le impuso una pena de dos años y 2 meses de prisión condicional. Para mantenerse en ese estado, debía hacer tratamiento psicoterapéutico sobre violencia familiar, concluir el secundario, no consumir drogas ni alcohol, mantenerse alejada de su suegra y su pareja. Quien debía controlar que se cumpliera era el personal del Patronato del Liberado.
A la luz del femicidio de Rocío Gómez, pareja de Baudraco, ocurrido el 20 de julio pasado, toman sentido las palabras de quien era su defensor, Marcelo Semino. Cansado de ver que su cliente no cumplía con ninguno de esos mandatos presentó su renuncia como asesor legal de Baudraco al Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Córdoba, a cargo de Facundo Moyano Centeno en febrero último. El propio letrado opinó que en aquel momento la Justicia debió revocar la libertad condicional.
En paralelo, desde el Patronato del Liberado -organismo administrativo no judicial- su titular Patricia Corvalán aseguró, días atrás, que elevaron reportes al Juzgado de Moyano Centeno donde constaban los incumplimientos.
Desde el tribunal dejaron trascender que esos informes fueron incorporados el 20 de julio, horas después de ocurrido el femicidio en Santa María de Punilla, donde Rocío Gómez fue asesinada por su pareja, según surge de la hipótesis de la Fiscalía que ordenó su imputación y detención de inmediato.
Para esclarecer las contradicciones que aparecen en la distintas versiones, el Ministerio de Justicia dispuso abrir la investigación administrativa.
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“Todo mal”
En las últimas horas, la abogada de la familia de Rocío, Daniela Morales Leanza, sostuvo que en este caso “se hizo casi todo mal”.
Antes y después de la condena que fijó la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, por amenazas a su suegra y daños a un patrullero de la Policía, Baudraco fue denunciado en varias ocasiones. Además de aquel hecho de 2023 -motivo del juicio-, se evidenciaba un patrón de violencia que jamás cesó.
Así lo reveló a Perfil CÓRDOBA también Beatriz, la tía de Rocío.
No solo fallaron los controles. Lo grave del caso es que la Cámara que lo sentenció no tuvo en cuenta el contexto de violencia. En los fundamentos del juicio abreviado no se menciona, por ejemplo, que había más denuncias en trámite. Además, con semejante cuadro el camarista Javier Rojo que homologó el acuerdo entre la defensa y la fiscalía le aplicó una pena aún menor a la acordada por las partes de 2 años y 6 meses. El juez redujo la pena a 2 años y 2 meses.
