Justicia más rápida: Aprueban la designación de fiscales para las nuevas unidades de flagrancia
Son seis los pliegos de designación que llegarán este miércoles al recinto en la penúltima sesión del año. Los tres cargos restantes serán cubiertos por funcionarios judiciales que ya integran el Ministerio Público. Habrá nueve fiscalías especializadas en flagrancia distribuidas en dos sedes.
La Legislatura cordobesa se encamina a aprobar en la sesión del miércoles, un paquete de pliegos, seis de los cuales están vinculados a la puesta en marcha de las nuevas fiscalías de flagrancia, una de las reformas impulsadas por la Justicia para agilizar la respuesta penal cuando alguien es sorprendido cometiendo un delito.
El esquema fue definido por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) mediante una resolución aprobada en octubre, que creó un Sistema Integrado de Fiscalías y dispuso la conformación de nueve fiscalías especializadas en flagrancia, destinadas a intervenir en delitos simples como robos y hurtos, cuando el autor es aprehendido en el acto.
Hasta ahora, la investigación penal se organizaba principalmente a través de las más de 20 fiscalías territoriales, que dividen su competencia según zonas geográficas de la ciudad. Con el nuevo modelo, los casos de flagrancia serán derivados a estas unidades específicas, mientras que los hechos más complejos —robos en banda, estafas u organizaciones delictivas— continuarán en las fiscalías territoriales.
Las fiscalías de flagrancia funcionarán en dos sedes: Zona Centro-Norte, con cinco fiscales. Y en la Zona Sur, con sede en barrio Residencial América, en el edificio de la ex comisaría 13, reacondicionado para albergar la nueva estructura judicial. Allí se desempeñarán cuatro fiscales.
En este marco, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Unicameral, presidida por Bernardo Knipscheer, avanzó el viernes en despachar cuatro pliegos, que se suman a otros dos avalados el pasado 15 de diciembre. De este modo, los seis pliegos de designación llegarán este miércoles al recinto para la aprobación por parte del pleno en la penúltima sesión del año.
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Los pliegos a prestar acuerdo por la Legislatura corresponden a Mónica Barbero (fiscalía N°48), Elio Olmos (fiscalía N°49), Esilda Archilla Funes (fiscalía N°50) y Esteban Gran Grundy (fiscalía N°51). Previamente habían recibido dictamen los de Federico Rivas y Alberto Falcón, que ocuparán las fiscalías N°46 y 47.
Los tres cargos restantes serán cubiertos por fiscales que ya integran el Ministerio Público -Pablo Cuenca Tagle, Gerardo Reyes y Silvana Páez- serán reasignados al nuevo esquema de fragancias que contará con nueve fiscalías.
Cómo funcionarán
Las unidades de flagrancia estarán organizadas por áreas específicas: recepción de personas aprehendidas, investigación inicial, litigación, control de garantías y evaluación médica.
Esta última área fue uno de los puntos sensibles durante la adecuación del edificio de la ex comisaría 13, donde se incorporaron consultorios y personal de salud para garantizar revisiones médicas inmediatas y evitar denuncias por malos tratos durante la detención.
El objetivo central del sistema es reducir los tiempos judiciales, evitar detenciones prolongadas y dar respuestas rápidas a delitos de alta frecuencia, pero baja complejidad. La resolución del TSJ prevé incluso mecanismos de medición y evaluación del desempeño de estas fiscalías.
Apoyo con reparos
Desde la oposición legislativa no hubo objeciones de fondo a la creación de las fiscalías, aunque sí advertencias. "No se puede estar en contra de sumar fiscales cuando hace años venimos señalando la falta de recursos humanos en la Justicia", señaló la legisladora Viviana Martoccia (Frente Cívico). Sin embargo, advirtió que el sistema solo será eficaz si se garantiza financiamiento, infraestructura adecuada, tecnología y personal suficiente.
En ese sentido, fue destacada la trayectoria de la abogada Barbero, ayudante fiscal con reconocimiento por su actuación en causas complejas. Su exposición dejó como conclusión para Martoccia que "los resultados judiciales dependen directamente de contar con los equipos y recursos técnicos adecuados para la tarea".
"Está bien que determinadas unidades se ocupen solo de los deditos de flagrancia. También es cierto que, si estas unidades no van a tener los recursos humanos, económicos y tecnológicos, y si no van a tener las condiciones para trabajar, la verdad que van a estar atrasadísimo ahí", remarcó la parlamentaria juecista.
De esta manera, la oposición advirtió que las nuevas fiscalías podrían saturarse rápidamente y reavivar tensiones con los vecinos de las zonas donde funcionen las sedes, si no logran cumplir con su cometido.
Lo que viene
Además de los pliegos de fiscales de instrucción, la sesión del 23 incluiría el tratamiento de la emergencia en el transporte público interurbano y la ley de promoción de la industria de eventos y de la industria creativa de la provincia, conocida como "economía naranja".
Tanto desde el oficialismo como en la oposición señalan que habrá una nueva convocatoria antes de fin de año (se habla del 29 o 30), aunque aún no hay precisión el temario, pero las fichas están puestas en un proyecto del Ejecutivo que ingrese de última hora.
La atención está centrada en cambios al Código de Convivencia provincial, pero es solo una posibilidad. "Por ahora, no hay nada definido", confió una fuente oficialista. Se especula con la aplicación de sanciones más severas para los naranjitas truchos que exigen un pago bajo extorsión. También se estudian penas más duras por los que generan basurales a cielo abierto, como ya se aplica en el ejido de la ciudad de Córdoba.
Por lo pronto, las fiscalías de flagrancia ya tienen luz verde legislativa para avanzar en el plenario del miércoles. El desafío, según plantea la oposición, será que el nuevo esquema no quede a mitad de camino.
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