“Lo que pasó con Blas excede lo partidario”: Soledad Laciar fue al Congreso a cuestionar la violencia institucional
La madre de Blas Correas, asesinado por policías en Córdoba, asistió reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación.
A poco de cumplirse el cuarto aniversario del crimen de Blas Correas, su madre, Soledad Laciar, fue convocada a la Cámara de Diputados para participar y dar testimonio como víctima de violaciones a los Derechos Humanos durante la pandemia. Su hijo de 17 años fue asesinado por policías que luego intentaron cubrirse plantando un arma.
“Vine por un nunca más, una frase que es de todos. Quiero que ‘Justicia por Blas’ se convierta en un nunca más. Los cumpleaños y los domingos los paso con mis hijas en un cementerio, y no quiero que otras familias pasen por esto”, con esta conmovedora frase cerró su participación Laciar en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, a la que fue invitada por la diputada Gabriela Brouwer de Koning.
La mamá del adolescente señaló ante otros diputados y víctimas de violencia institucional que “lo que pasó con Blas excede lo partidario” y prometió “seguir luchando el resto que me quede de vida, esté el gobierno que esté”.
Laciar contó cómo fueron los hechos aquel 6 de agosto a la madrugada y destacó que fue “ejemplar” la sentencia de la Justicia condenando a los asesinos de su hijo y ratificando que fue víctima de violencia institucional.
“Fue violencia institucional porque el Estado se puso al servicio del mal actuar de sus miembros. Porque no fue sólo un policía que disparó de más; fue también un ministro que pidió que vallen la zona porque ‘la familia es de clase media y me va a hacer quilombo’; fue cuando un alto jefe de policía le dice a su subalterno que levante ese mamotreto (NdeR: arma trucha plantada) porque no les servía”, argumentó.
Ley Blas
La diputada radical Brouwer de Koning y Soledad Laciar elaboraron junto a un equipo interdisciplinario el proyecto de “ley Blas” que tiene por objeto modificar el Código Penal de la Nación.
La iniciativa tiene tres objetivos. En primer lugar, agravar la tenencia y portación ilegal de armas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias.
En segundo lugar, incorporar un nuevo tipo penal específico que sancione a aquellos miembros de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias que planten armas u otros elementos para entorpecer o alterar una investigación. Y por último, incorporar a este nuevo tipo penal como delito habilitante para aplicar la figura de la Ley 27.304 del Arrepentido.
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