One Coin: en la causa por la falsa cripto aparecen más inversiones inmobiliarias de Márquez y Asociados

La apertura del debate oral y público por la presunta asociación ilícita que comercializó la falsa criptomoneda One Coin y que habría causado perjuicio a los inversores, depara datos inquietantes. Uno de ellos involucra a los hermanos Pablo y Ariel Márquez, responsables de la constructora Márquez y Asociados, detenidos por presuntas estafas inmobiliarias. 

Tres de los 20 hechos descritos en la acusación sostienen que la sociedad MRQZPABAR Desarrollos SA invirtió más de 1 millón de dólares en el criptoactivo. Pero, también, compraron inmuebles en dos condominios turísticos: Villasur y Costamare.

Márquez y Asociados invirtió más de 1 millón de dólares en la falsa criptomoneda One Coin

El otro dato llamativo es el canal que utilizaron los miembros de Onelife, la firma que comercializaba la supuesta cripto One Coin: allí aparece Compañía de Inversiones Bursátiles, cuyo responsable es Gustavo Brachetta quien fue investigado por la Justicia Federal años atrás y la causa se cerró por prescripción. La otra es la líder en Córdoba y el país, S&C Inversiones, de Aníbal Casas Arregui. El broker actualmente es investigado en una causa federal, pero por actividades de otra firma, KBE Inversiones, que figura a nombre de su esposa, su suegro y un socio.  

Villasur y Costamare

Ariel y Pablo Márquez serán citados a declarar como testigos en el juicio que se sigue a Alejandro Taylor, Adolfo Gustavo Amuchástegui y otros 11 imputados por presunta asociación ilícita y estafas con la falsa moneda virtual. Así lo confirmó a este medio el defensor de Ricardo Beretta, Fabián Manrique.

Durante la instrucción de la causa, en la fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Enrique Gavier, declararon como damnificados.

Quien tomó el primer contacto con One Coin fue el gerente de Administración de Márquez y Asociados, Ramiro Gonzalo Nieva. Así lo contó años atrás: “Nos ofrecieron dos vías para la inversión, una era hacer una transferencia directa a ODT Panamá y la otra hacerla a través de una financiera que trabajaba con ellos”, contó cuando fue convocado a declarar como damnificado. 

Cabe aclarar que ODT Argentina SA es la filial que recaudó las inversiones en nuestro país. Amuchástegui figuraba como presidente y era socio junto a Gabriela Blasco y Alejandro Taylor. Con el tiempo y cuando era visible que la cripto no se haría pública, supuestamente Taylor se abrió del negocio. 

Nieva también declaró en aquella oportunidad que viajaron a Panamá en 2018 y que allá conocieron a Amuchástegui, que los puso en contacto con empresas que ofrecían departamentos en el complejo Costamare, con varias torres construidas y otras por terminar, “La otra inversión que nos interesó eran unas casas en lugar llamado Villasur”. Perfil CÓRDOBA publicó en junio pasado las escrituras públicas de esa inversión.

Márquez y Asociados: aparecieron inversiones inmobiliarias en Panamá

Ahora se conoce que también adquirieron cinco departamentos en el complejo residencial Costamare. Todas las operaciones se realizaron a nombre de MRQZPABAR DESARROLLOS S.A o de Juan Pablo y Ariel Márquez. 

El trato consistía en pagar el 20% con “dinero fiat” y el restante con monedas One Coin.

Los cálculos de rentabilidad eran desproporcionados. Nieva puso como ejemplo que entre el 2018 y la segunda mitad del 2019, si se había invertido US$3.000 se iban a obtener US$750 mil. Ningún rendimiento lícito produce semejante incremento.

¿Lavado de activos?

El abogado Manrique -defensor de Beretta- sostiene que la causa debe ser investigada en los tribunales federales. A pesar de que el juicio ya se abrió en la Cámara 10a del Crimen para juzgar a 13 acusados, insiste en que hay tiempo para que la Justicia Federal se aboque y pida el expediente.

El argumento es que antes de que se cometieron las supuestas estafas con la criptomoneda falsa, es probable que se haya consumado lavado de activos por el volumen de fondos que se movieron desde Argentina a otros países, incluidos Panamá. En ese sentido, muestra reportes de la UIF por operaciones sospechosas.

Hasta ahora la Justicia Federal no declaró su competencia, pero hay un pronunciamiento del vocal de Cámara, Eduardo Ávalos, quien instó profundizar el análisis sobre el planteo de inhibitoria formulado por Beretta.