Quién era el Niño Guerrero, el jefe del Tren de Aragua, que llegó a tener hasta una discoteca en la cárcel

La historia de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias el “Niño Guerrero”, estuvo ligada durante más de una década al crecimiento del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más importantes y violentas de América Latina. Este viernes, su trayectoria llegó a su fin luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su muerte durante un operativo realizado en territorio venezolano.

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Según informó el mandatario estadounidense, la operación fue ejecutada por el Comando Sur de Estados Unidos con la colaboración de aliados locales a los que definió como sus “amigos de Venezuela”. El anuncio puso punto final a la búsqueda de uno de los hombres más perseguidos de la región, sobre quien pesaban órdenes de captura internacionales y una recompensa millonaria.

Guerrero Flores tenía 42 años y era considerado el máximo líder del Tren de Aragua, una estructura criminal que nació en una cárcel venezolana y que, con el paso de los años, se expandió a distintos países del continente y también a Europa. Desde 2025, además, figuraba en la lista de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Para Washington, el Tren de Aragua dejó de ser una banda delictiva convencional para convertirse en una organización terrorista extranjera y en una amenaza para la seguridad regional. Esa caracterización estuvo acompañada por una serie de sanciones económicas y operativos dirigidos a desarticular su estructura.

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El "Niño Guerrero": el poder dentro de la cárcel

Durante años, el sitio de operaciones del “Niño Guerrero” fue el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón. Sin embargo, las condiciones en las que vivía distaban de las de un preso común.

De acuerdo con investigaciones de la periodista venezolana Ronna Rísquez, autora de uno de los trabajos más exhaustivos sobre el Tren de Aragua, el penal contaba con instalaciones poco habituales para una prisión: una piscina, un zoológico, un campo de béisbol, salas de apuestas, un banco y hasta una discoteca llamada “Tokio”, donde se presentaban artistas reconocidos.

Desde ese lugar, Guerrero Flores dirigía las actividades de la organización y administraba un sistema de recaudación conocido como “la causa”. Se trataba de una cuota semanal obligatoria que debían pagar los más de 5.000 internos del penal para sostener tanto la infraestructura del establecimiento como el nivel de vida de los líderes de la banda.

Las estimaciones indican que ese mecanismo generaba alrededor de 3,5 millones de dólares anuales. Quienes no abonaban la cuota eran castigados con distintas sanciones, entre ellas agresiones físicas, privación de alimentos o la obligación de dormir a la intemperie.

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Las investigaciones también sostienen que el líder criminal gozaba de amplios márgenes de libertad dentro y fuera de la prisión. Rísquez aseguró que Guerrero Flores podía abandonar el penal sin restricciones y regresar cuando quisiera, presuntamente gracias a acuerdos con funcionarios del régimen venezolano. Incluso, afirmó que era habitual verlo navegando en yate por las costas del país.

De una banda local a una red internacional

El Tren de Aragua tuvo sus orígenes en la década de 2000 como una organización dedicada principalmente a la extorsión y al soborno. Sin embargo, bajo el liderazgo del “Niño Guerrero” amplió de manera progresiva sus actividades y su área de influencia.

Con el tiempo, la banda logró instalarse en Colombia, Perú, Chile, Brasil, México, España y Estados Unidos, entre otros países. Las autoridades le atribuyen delitos vinculados al narcotráfico, la trata de personas con fines de explotación sexual, secuestros, homicidios, lavado de dinero mediante criptomonedas y tráfico de armas.

La Justicia estadounidense acusaba además a Guerrero Flores de mantener vínculos con el denominado Cártel de los Soles, una organización de narcotráfico que, según Washington, está integrada por altos funcionarios venezolanos.

La acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York señalaba que el jefe del Tren de Aragua facilitaba el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos y que contaba con grupos armados equipados con fusiles AK-47 y granadas para custodiar la droga durante su traslado.

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La fuga de Tocorón

El poder que el “Niño Guerrero” acumuló dentro de la cárcel de Tocorón quedó expuesto en septiembre de 2023, cuando el gobierno venezolano decidió intervenir el penal.

Para ello movilizó a unos 11.000 efectivos de las fuerzas de seguridad con el objetivo de recuperar el control de la prisión y desmantelar las estructuras criminales que operaban desde allí. Sin embargo, cuando las autoridades ingresaron, Guerrero Flores ya no estaba.

Según distintas versiones, el líder del Tren de Aragua logró escapar antes del operativo a través de una red de túneles de aproximadamente cinco kilómetros de extensión que desembocaba en el lago de Valencia.

La fuga alimentó las sospechas sobre posibles filtraciones y complicidades dentro del aparato estatal, ya que el jefe criminal consiguió evadir un despliegue de gran magnitud y permanecer oculto durante casi tres años.

Desde entonces se mantuvo prófugo y se convirtió en uno de los delincuentes más buscados de América Latina. Varios países emitieron órdenes de captura en su contra y gobiernos como el de Perú ofrecieron recompensas económicas a cambio de información que permitiera localizarlo.

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La recompensa y la declaración de organización terrorista

En julio de 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por datos que condujeran a la captura del “Niño Guerrero”. La medida formó parte de una estrategia más amplia orientada a combatir al Tren de Aragua y a sus principales dirigentes.

Tren de Aragua: "organización terrorista" en Argentina

En Argentina,  el Gobierno de Javier Milei declaró al Tren de Aragua como organización terrorista en febrero de 2025. El decreto sostuvo que, de acuerdo con informes reservados, la banda representaba “una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional”.

La decisión se sumó a medidas adoptadas por otros países de la región, preocupados por la expansión de una organización que pasó de operar en una cárcel venezolana a consolidar una estructura criminal con alcance internacional.

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