Drogas, millones en efectivo y corrupción: Casación le soltó la mano a Facundo Leal y seguirá preso
El ex titular de Arsat y del Orsna durante el gobierno de Javier Milei sufrió un revés definitivo en la Justicia. El máximo tribunal penal confirmó su prisión preventiva y un embargo de 30 millones de pesos por narcotráfico, mientras avanza una causa paralela por cobro de retornos.
De manejar los satélites y los aeropuertos del país a terminar tras las rejas rodeado de drogas sintéticas y millones de dólares en efectivo. La meteórica y escandalosa caída de Facundo Leal, ex titular de Arsat y del Orsna durante la gestión de Javier Milei, sumó en las últimas horas un revés judicial irreversible. El máximo tribunal penal de la Argentina le cerró todas las puertas de salida y confirmó que deberá esperar su juicio en prisión.
La decisión llevó la firma unánime de los magistrados Alejandro W. Slokar, Daniel A. Petrone y Diego G. Barroetaveña, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces rechazaron de plano un recurso de queja presentado por la defensa del ex funcionario, dejando firme no solo su procesamiento por tráfico de estupefacientes (en la modalidad de tenencia con fines de comercialización), sino también un embargo sobre sus bienes que alcanza los 30 millones de pesos.
El fallo de la Justicia
Para blindar la decisión de mantenerlo detenido, los camaristas se ampararon en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Argumentaron que las medidas cautelares como la prisión preventiva no constituyen una sentencia definitiva, y remarcaron que los representantes legales de Leal no lograron demostrar ninguna "cuestión federal" ni un accionar arbitrario en las instancias anteriores que justificara la intervención extraordinaria de Casación. Con este fallo, la situación procesal del acusado quedó totalmente consolidada.
Frente a este duro escenario en los tribunales, el entorno del ex funcionario optó por refugiarse en el hermetismo absoluto. De hecho, el abogado defensor de Leal, Marcelo Rochetti, no quiso dar declaraciones a PERFIL al ser consultado por la causa. El colapso del imperio de Leal comenzó casi por accidente, muy lejos del mundo narco.
La investigación original que lo puso en la mira de la Justicia arrancó rastreando un robo de materiales vinculados a la Red Federal de Fibra Óptica, que se encontraban resguardados en un depósito de la localidad bonaerense de San Fernando. Siguiendo esa pista, los efectivos de la Policía Federal terminaron allanando las propiedades del entonces funcionario tecnológico.
Lo que encontraron los uniformados transformó un simple caso de hurto de infraestructura en un escándalo de escala nacional. En su departamento, las autoridades secuestraron cerca de 650.000 dólares en efectivo, monedas de otros seis países y un arsenal de estupefacientes que incluía cocaína, ketamina y diversas drogas sintéticas. El asombro se multiplicó al allanar su residencia en la provincia de Mendoza, donde los agentes descubrieron otro botín oculto de aproximadamente 1.700.000 dólares.
La sombra de los retornos en el Estado
Pero los problemas de Leal en los tribunales no se terminan con el secuestro de los estupefacientes y los bolsos repletos de dólares. En paralelo al explosivo expediente por narcotráfico, el exfuncionario enfrenta una segunda ofensiva judicial centrada exclusivamente en su paso por la función pública, específicamente por presuntas maniobras de corrupción sistemática dentro de Arsat.
La lupa de los fiscales está puesta sobre un presunto esquema de retornos económicos. La Justicia sospecha que, durante su gestión, la cúpula del organismo cobraba coimas a cambio de adjudicarle contratos y servicios de forma directa a una empresa operadora privada, salteando los procesos competitivos y los controles de transparencia del Estado.
La prueba acumulada para sostener esta acusación promete acorralar aún más a la ex autoridad. A través de un minucioso cruce de audios, registros y mensajes de WhatsApp, los investigadores lograron reconstruir cómo operaba esta red de complicidades, dejando al descubierto una ironía brutal: los mismos funcionarios estatales que tenían la obligación legal de auditar y controlar al proveedor privado eran, al mismo tiempo, los principales beneficiarios de sus sobornos.
TC/MSS
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