El Gobierno apelará ante el Superior Tribunal el fallo que restableció la cláusula gatillo docente

El Gobierno del Chaco confirmó que la Fiscalía de Estado recurrirá ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para impugnar el fallo que ordenó restablecer la cláusula gatillo salarial para el sector docente. La medida judicial, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, hizo lugar al amparo de la Federación SITECH y dispuso que el Ejecutivo actualice los sueldos según la inflación de los trimestres abril–junio y julio–septiembre de 2025, en un plazo de 60 días.

La decisión de apelar fue confirmada por fuentes oficiales, que adelantaron que el Fiscal de Estado Roberto Herlein, junto al abogado Guido Cotterli, presentarán un recurso extraordinario para que el máximo tribunal revise la sentencia.

La Justicia chaqueña ordenó restablecer la cláusula gatillo para docentes y dio 60 días al Gobierno para aplicarla

Los ejes del reclamo provincial

En su defensa anterior, la Fiscalía de Estado, en representación del Ministerio de Educación y del Poder Ejecutivo, había planteado dos argumentos principales: la falta de legitimación activa de SITECH y la improcedencia del amparo por considerar que no existía arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta.

El Estado sostuvo que el gremio docente no tenía autoridades formalmente acreditadas desde 2013 y que, por lo tanto, la entidad se encontraba “acéfala”. Sin embargo, la Cámara rechazó ese planteo y ratificó la vigencia del mandato sindical hasta julio de 2026, conforme a documentación del Ministerio de Trabajo de la Nación.

El segundo argumento se centró en que no hay una obligación normativa que imponga al Ejecutivo el pago de la llamada cláusula gatillo. “No existe un marco constitucional o legal que obligue al Poder Ejecutivo a disponer el pago del ajuste automático”, sostuvo la Fiscalía en su presentación, y agregó que los decretos previos —como el 575/25— no constituyen “un compromiso permanente ni un derecho adquirido”.

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Cuestiones presupuestarias y desigualdad administrativa

El recurso también hará hincapié en el impacto económico que tendría cumplir con la medida. En su informe, la Fiscalía argumentó que aplicar la actualización “crea una condición más beneficiosa que la de los demás agentes del Estado” y “genera desigualdad entre los estamentos de la Administración Pública”.

Además, advirtió que no existen partidas presupuestarias aprobadas para financiar ese aumento, y que cualquier modificación salarial debe contar con una ley específica dictada por la Legislatura, conforme a la Ley 724-A.

El fallo que marcó el conflicto

El fallo judicial, firmado por los jueces Silvia Cristina Suárez y Sebastián Andrés Cóceres, calificó de “acto arbitrario” la suspensión del mecanismo de ajuste y consideró que vulnera la intangibilidad salarial y el principio de confianza legítima de los trabajadores.

La resolución ordenó al Ejecutivo incrementar el Valor Índice Uno, que sirve de base para el cálculo de los haberes docentes, y restituir los aumentos correspondientes a julio y octubre de este año.

Con la apelación ya en marcha, la última palabra quedará en manos del Superior Tribunal de Justicia, que deberá resolver si confirma la sentencia o da lugar a los planteos del Gobierno provincial.