Violencia de género en Goya: revocan el beneficio de prisión condicional a un hombre por amenazas

La Justicia de la ciudad correntina de Goya dictó una medida ejemplar en una causa por violencia de género. El Juzgado de Garantías resolvió revocar el beneficio de la ejecución condicional de una pena de prisión que pesaba sobre José Gabriel Arrieta, quien ahora deberá cumplir su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

La decisión, tomada por el juez Jorge Claudio Venialgo, se basó en el persistente incumplimiento de las reglas de conducta impuestas al condenado.

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Arrieta había sido sentenciado en 2024, a través de un juicio abreviado, a un año y seis meses de prisión en suspenso por los delitos de amenazas y desobediencia judicial.

El incumplimiento y la resolución de la justicia

El Juzgado de Ejecución Penal había acreditado el incumplimiento de las condiciones fijadas en la sentencia original, lo que obligó a una nueva audiencia con todas las partes: la fiscalía, la defensa, la víctima y el propio imputado. Tras analizar los antecedentes, el juez Venialgo determinó que Arrieta debía cumplir la pena de manera efectiva.

La modalidad de cumplimiento impuesta fue la de prisión domiciliaria, con la colocación de un dispositivo electrónico de control. Además, la resolución ordena una vigilancia periódica de la policía en el domicilio del condenado, ubicado en la localidad de Lavalle.

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Como parte de la sentencia original, el juzgado también ordenó la realización de un examen psicológico a Arrieta para evaluar si debe continuar o iniciar un tratamiento.

La Justicia envía un fuerte mensaje en casos de violencia de género

La decisión del Juzgado de Garantías de Goya de revocar la condena en suspenso y ordenar la prisión domiciliaria envía un claro y contundente mensaje: la violación de las reglas de conducta en casos de violencia de género no será tolerada.

Esta medida judicial resalta la seriedad con la que se abordan estos casos y demuestra que los beneficios de la prisión condicional están sujetos al estricto cumplimiento de la ley.

La implementación del dispositivo electrónico de control busca garantizar tanto la seguridad de la víctima como la efectiva aplicación de la pena, marcando un precedente en la defensa de los derechos de las mujeres.