El Senado aprobó 74 pliegos judiciales y quedaron en el centro de la escena hijos, esposas y colaboradores de magistrados

El Senado aprobó 74 pliegos judiciales impulsados por el gobierno de Javier Milei para cubrir vacantes en distintos tribunales del país. Entre los nombres que obtuvieron acuerdo figuran Tomás Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; Ana María Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, María Julia Sosa, colaboradora directa del juez federal Julián Ercolini; Laureano Durán, con antecedentes en la Justicia Federal de La Plata y vínculos históricos con sectores judiciales bonaerenses.

María Verónica Michelli también fue aprobada, cuya candidatura había quedado envuelta en una fuerte controversia política. La votación se realizó en el Congreso y formó parte de un proceso de renovación de cargos que busca reducir el elevado número de vacantes existentes en el Poder Judicial. 

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La sesión estuvo marcada por el debate alrededor de Michelli, actual funcionaria judicial con más de tres décadas de trayectoria. Días antes, la Casa Rosada había intentado retirar su pliego tras conocerse su vínculo familiar con Alconada Mon, periodista que publicó investigaciones sobre el Gobierno. Sin embargo, el Senado avanzó con el tratamiento y terminó aprobando su designación junto con el resto de los expedientes.

La votación se desarrolló durante una sesión especial en la Cámara alta y formó parte de una de las tandas más numerosas de designaciones judiciales tratadas en los últimos años. Los pliegos correspondieron a jueces, fiscales, defensores públicos y conjueces para diferentes jurisdicciones del país.

Entre los nombres aprobados se destacó el de Emilio Rosatti, propuesto para integrar un tribunal federal en Santa Fe. Su candidatura cobró notoriedad por tratarse del hijo del actual titular de la Corte Suprema, uno de los cargos de mayor relevancia dentro del Poder Judicial.

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También obtuvo acuerdo Ana María Cristina Juan, postulada para un cargo judicial luego de desempeñarse en distintos ámbitos de la Justicia. Su nombre recibió atención por su vínculo con el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien interviene en expedientes de trascendencia política y económica.

La nómina también incluyó a María Julia Sosa, funcionaria judicial que se desempeñó en el juzgado federal encabezado por Julián Ercolini. Su pliego integró el conjunto de propuestas remitidas por el Ejecutivo para cubrir cargos vacantes en distintas dependencias.

Entre los acuerdos otorgados por el Senado también aparecieron postulantes con antecedentes en fiscalías federales, cámaras de apelaciones y juzgados nacionales. Varios de ellos desarrollaron gran parte de su carrera dentro de la estructura judicial antes de ser promovidos a nuevas funciones.

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Las designaciones forman parte de un proceso destinado a reducir el número de vacantes existentes en la Justicia. Distintos informes oficiales señalaron en los últimos años que numerosos tribunales funcionan con cargos sin cubrir de manera permanente.

El paquete de pliegos había sido remitido previamente por el Poder Ejecutivo luego de atravesar las etapas de concursos, entrevistas y evaluación previstas por el Consejo de la Magistratura y otros organismos competentes, según el cargo involucrado.

Durante el debate parlamentario, los senadores trataron los expedientes en bloques de votación. Algunos pliegos recibieron amplias mayorías, mientras que otros registraron rechazos o abstenciones por parte de distintos sectores políticos.

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La aprobación de los 74 candidatos permitirá avanzar en la cobertura de juzgados, fiscalías y defensorías federales y nacionales. Con la decisión del Senado, los postulantes que obtuvieron acuerdo quedaron habilitados para continuar el proceso formal de designación en los cargos para los que fueron seleccionados.

Otros temas tratados en la sesión

En la misma jornada parlamentaria, la Cámara alta avanzó con las siguientes medidas: 

Acuerdo con holdouts: Se otorgó media sanción al convenio de conciliación para pagar 171 millones de dólares a los fondos acreedores Bainbridge Ltd. y Attestor Value, aplicando una quita superior al 30%.

Ampliación de Cámaras Federales: Se aprobó la creación de una segunda sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y la reorganización interna de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

CS