Reforma laboral: Patricia Bullrich reúne a los “dialoguistas” mientras los gobernadores peronistas buscan unificar posición

Este martes La Libertad Avanza intentará destrabar el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y limar las diferencias que persisten con los bloques dialoguistas del Senado, centradas en tres ejes sensibles: la reducción del Impuesto a las Ganancias, la puesta en marcha de un Fondo de Asistencia Laboral para cubrir indemnizaciones y la continuidad de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo.

Con ese objetivo, la titular del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, encabezará desde las 15:00 una reunión con el denominado “grupo de los 44”, la mayoría circunstancial que logró articular y que resultó clave para la aprobación del Presupuesto 2026, con la intención de cerrar consensos que permitan avanzar con la iniciativa el próximo 11 de febrero.

El encuentro tendrá lugar en las oficinas del bloque radical y servirá para que Bullrich acerque las respuestas del Poder Ejecutivo a los planteos formulados por los espacios dialoguistas, muchos de ellos canalizados a través de los gobernadores, especialmente en lo referido al capítulo fiscal de la reforma laboral.

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De la reunión participarán los presidentes de bloque Eduardo Vischi (UCR), Luis Juez (Frente Cívico), Martín Goerling Lara (PRO), Flavia Royon (Primero Los Salteños), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Beatriz Ávila (Independencia), Carlos Espínola (Provincias Unidas), además de los senadores José Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz).

El oficialismo depende del acompañamiento de los bloques aliados debido a que La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita sumar los tres del PRO, los diez de la UCR y el respaldo de las fuerzas provinciales para alcanzar los 37 votos requeridos tanto para habilitar la sesión como para aprobar la reforma laboral en general y en particular.

Ganancias: el conflicto fiscal de la reforma laboral de Javier Milei en las provincias

La reducción del Impuesto a las Ganancias se consolidó como el principal foco de tensión entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales en el marco de la reforma laboral, ya que las provincias buscan evitar una caída de sus ingresos en 2027, año electoral en el que la mayoría intentará renovar mandatos o proyectar candidaturas nacionales.

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En el articulado del proyecto, el Ejecutivo propuso disminuir progresivamente la alícuota del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, que pasaría del 35% al 31,5% a partir de 2026. A ello se suma una baja de las contribuciones patronales, la implementación de un esquema de IVA anticipado para el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y una reducción de impuestos internos.

Los gobernadores advirtieron que el paquete impositivo implicaría una reducción de sus recursos de $3 billones durante el presente año. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el efecto fiscal se verificará recién en 2027 y estimó que el impacto rondará los $1,5 billones.

Reforma laboral: gobernadores peronistas se reunirán este miércoles para unificar una postura

En paralelo a las negociaciones con el oficialismo, los gobernadores del peronismo y de espacios aliados tienen previsto reunirse este miércoles en la ciudad de Buenos Aires para consensuar una posición común de cara al debate de la reforma laboral en el Senado.

Si bien el encuentro aún no tiene confirmados ni el lugar ni el horario, desde una de las gobernaciones peronistas indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que participarían exclusivamente mandatarios del PJ y de sectores opositores afines.

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Más allá de las diferencias internas, referentes del peronismo deslizan que podrían reunir apoyos incluso entre gobernadores con buena relación con La Libertad Avanza en lo referido al capítulo impositivo del proyecto.

El oficialismo, por su parte, da por asegurada la aprobación en general de la iniciativa, aunque concentra sus esfuerzos en garantizar los votos artículo por artículo, en particular en aquellos considerados estructurales de la reforma promovida por el presidente Javier Milei, orientada —según el Ejecutivo— a fomentar el empleo registrado.

Los puntos más sensibles de la Reforma Laboral

Las tratativas para aprobar el proyecto de reforma avanzan en múltiples frentes. Por un lado, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones con los gobernadores que rechazan la reducción de impuestos que impactan sobre sus finanzas. En paralelo, Bullrich conduce las negociaciones parlamentarias y, de acuerdo con fuentes cercanas a la senadora, está dispuesta a introducir modificaciones hasta último momento, aunque con el objetivo de que “no se caiga ningún artículo central de la ley”.

En la Casa Rosada buscan evitar un escenario similar al ocurrido a fines del año pasado, cuando los gobernadores lograron bloquear el capítulo XI del Presupuesto 2026, una derrota que el Ejecutivo no pretende repetir.

En aquella instancia, mandatarios de distintas extracciones políticas coordinaron posiciones y ordenaron a sus legisladores rechazar el artículo del proyecto presupuestario que proponía derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario, ambas vetadas previamente por Javier Milei y luego ratificadas por el Congreso.

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Otro de los puntos que genera controversia en la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, financiado con un aporte del 3% de las contribuciones patronales destinadas a la ANSES, con el fin de cubrir indemnizaciones por despidos. En las negociaciones se evalúa restringir su aplicación exclusivamente a las PYMES, y excluir a las grandes empresas.

Desde el Gobierno argumentan que el sistema previsional se sostiene mayoritariamente con recursos provenientes de rentas generales y que las contribuciones patronales tienen un peso relativo menor en su financiamiento.

La propuesta oficial incluye además una reducción de las contribuciones patronales del 18% al 15% para las industrias y las Pymes, presentada por el Ejecutivo como un estímulo a la formalización del empleo registrado.

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En paralelo, el proyecto incorpora el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que contempla beneficios fiscales como la devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias para iniciativas productivas que superen el millón de dólares, con un costo fiscal estimado en el 0,2% del PBI.

Dentro del mismo marco, la iniciativa autoriza la actualización de quebrantos fiscales por inflación, una herramienta orientada a aliviar la carga tributaria futura en contextos de aumento sostenido de precios.

El paquete se completa con la eliminación de Impuestos Internos para una amplia gama de actividades y bienes, entre ellos los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los bienes de lujo, automóviles y motores, embarcaciones de recreo, aeronaves y el gravamen del 10% sobre las entradas de cine destinado al financiamiento del INCAA.

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Estas disposiciones fiscales —tanto la actualización de quebrantos como la supresión de impuestos internos— forman parte del conjunto de medidas impositivas que el Gobierno busca articular como complemento de la reforma laboral, en lugar de tratarlas dentro de una reforma tributaria.

Desde el Ejecutivo sostienen que el conjunto de estas iniciativas apunta a mejorar la competitividad, incentivar la inversión y reducir costos en sectores productivos clave, sin comprometer el equilibrio general de las cuentas públicas.

Sin embargo, si el Gobierno mantiene su postura inflexible, el oficialismo quedará expuesto a un escenario ya conocido: la posibilidad de que los gobernadores vuelvan a articular una mayoría capaz de propinarle un nuevo revés legislativo a una administración que llega fortalecida a esta instancia, pero aún sin los votos necesarios para aprobar sus iniciativas sin el apoyo de otros bloques.

NG/ff