El Rey Juan Carlos puede volver a España, pero el palacio le impuso una implacable condición

El debate sobre el regreso de Juan Carlos I a España tomó una nueva dimensión en los últimos días tras las declaraciones de referentes de la oposición parlamentaria. Sectores del Partido Popular y de Vox manifestaron que el antiguo monarca debería pasar sus últimos años de vida en territorio español, apelando a razones de dignidad histórica y humanidad.

El exmonarca, que lideró la transición española a la democracia tras la muerte de Francisco Franco en 1975 y abdicó al trono envuelto polémicas en 2014, reside en Abu Dabi desde agosto de 2020, tras la apertura de investigaciones judiciales sobre su patrimonio que fueron archivadas posteriormente. A sus 88 años, insiste en que le gustaría pasar sus últimos años de vida y morir en España.

La Casa del Rey, dirigida por Felipe VI, mantiene una postura de cautela extrema respecto a la vuelta de su padre. Según fuentes cercanas al Palacio de la Zarzuela citadas por la agencia EFE, la institución impuso condiciones estrictas para autorizar una residencia permanente. La principal traba no es solo protocolar, sino fiscal y de transparencia, buscando evitar que la presencia del emérito impacte negativamente en la imagen de la corona actual.

El Palacio exige que, en caso de instalarse nuevamente en España, Juan Carlos I regularice de forma definitiva cualquier situación pendiente con la Agencia Tributaria. No se trata solo de las regularizaciones ya realizadas en 2020 y 2021, sino de un compromiso de transparencia sobre sus activos actuales en el extranjero. Zarzuela busca garantizar que no aparezcan nuevas cuentas o fundaciones opacas que puedan comprometer la estabilidad de la jefatura del Estado.

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Desde el entorno del emérito, se filtró que el deseo de Juan Carlos I es recuperar su residencia en el Palacio de la Zarzuela, lugar donde vivió durante casi seis décadas. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez y la propia Casa Real consideran que su regreso al palacio oficial es inviable. La alternativa que se baraja es la búsqueda de una residencia privada, alejada de los edificios de Patrimonio Nacional, para marcar una distancia física y simbólica con la actividad institucional.

La oposición argumenta que el extrañamiento de Juan Carlos I no tiene sustento legal una vez cerradas las causas judiciales en España y Suiza. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, sostuvo en diversas intervenciones que un ciudadano español no puede tener prohibida la entrada o residencia en su país si no tiene cargos pendientes. Esta postura choca con la estrategia de "cortafuegos" que implementó Felipe VI desde el inicio de su reinado para desvincularse de los escándalos de su progenitor.

El aspecto fiscal es el nudo gordiano del conflicto. Si el rey emérito fija su residencia habitual en España por más de 183 días, volvería a ser considerado residente fiscal español. Esto lo obligaría a declarar todo su patrimonio mundial ante las autoridades tributarias locales. Los asesores del monarca en los Emiratos Árabes Unidos advirtieron sobre las consecuencias financieras de este cambio, dado que en Abu Dhabi goza de un régimen de exención total de impuestos.

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En las recientes visitas esporádicas de Juan Carlos I a la localidad gallega de Sanxenxo, se evidenció la tensión entre la naturalidad que busca el rey emérito y la discreción que exige el Palacio. Cada viaje es coordinado con el Ministerio del Interior, pero Zarzuela insiste en que estas estancias deben ser "privadas y fuera de la agenda oficial". El protocolo de seguridad para estos desplazamientos representa un costo operativo que también es objeto de críticas por parte de sectores republicanos en el Congreso.

El diario francés Libération detalló que las negociaciones entre el equipo legal del emérito y los funcionarios de la Casa Real están estancadas por la negativa de Juan Carlos I a renunciar a ciertas comodidades palaciegas. El emérito considera que su legado como motor de la Transición democrática debería primar sobre sus faltas éticas. No obstante, la postura de la actual administración es inflexible: la supervivencia de la monarquía depende de la ejemplaridad y el cumplimiento estricto de las normas vigentes.

La opinión pública española se encuentra dividida según las últimas encuestas de institutos privados de demoscopia. Mientras que los sectores de mayor edad ven con buenos ojos un retiro digno en suelo nacional, las generaciones más jóvenes muestran un rechazo marcado hacia cualquier privilegio otorgado al antiguo jefe del Estado. Esta brecha generacional es uno de los factores que la Casa del Rey analiza antes de dar un paso definitivo hacia el retorno del monarca.

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La legislación actual no contempla una asignación presupuestaria para el rey emérito, ya que Felipe VI se la retiró en marzo de 2020. Cualquier gasto derivado de su vuelta, más allá de la seguridad mínima obligatoria por ley, debería ser costeado con sus propios recursos privados. Esta situación genera dudas sobre cómo se mantendría una estructura de servicio y logística acorde a su rango sin utilizar fondos públicos que disparen un nuevo escándalo de malversación.

En Abu Dabi, el monarca cuenta con el apoyo directo de la familia real emiratí, que le facilita residencia y servicios médicos de alta complejidad. Volver a España implicaría renunciar a ese blindaje internacional en un momento de salud frágil. Los informes médicos indican problemas de movilidad que requieren tratamientos constantes, los cuales en España estarían bajo el escrutinio permanente de los medios de comunicación y de los partidos políticos de izquierda.

El último párrafo de la instrucción real sobre la conducta de los miembros de la familia de S.M. el Rey especifica que sus actividades deben ajustarse a los principios de integridad y transparencia, sin obtener beneficios personales de su posición.