lunes 15 de agosto de 2022

España busca aplicar a los bancos un impuesto del 4,8%

España pretende gravar los beneficios extraordinarios de los bancos obtenidos por intereses netos y las comisiones que cobran a sus clientes, en lo que sería la medida más audaz contra las entidades financieras que haya tomado cualquiera de las principales naciones de la Unión Europea para compensar el impacto de una crisis inflacionaria que se está agravando.

28-07-2022 10:07

España pretende gravar los beneficios extraordinarios de los bancos obtenidos por intereses netos y las comisiones que cobran a sus clientes, en lo que sería la medida más audaz contra las entidades financieras que haya tomado cualquiera de las principales naciones de la Unión Europea para compensar el impacto de una crisis inflacionaria que se está agravando.

Un proyecto de ley presentado este jueves en el Congreso busca aplicar un impuesto del 4,8% a los bancos españoles. También pretende gravar con un 1,2% las ventas nacionales de las empresas energéticas. Las medidas, presentadas por los partidos de la coalición gobernante, también penalizarían a las empresas que traspasen los costos de los nuevos impuestos a sus clientes.

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Los detalles de las propuestas ponen fin a más de dos semanas de incertidumbre sobre los planes del Gobierno, esbozados inicialmente por el presidente Pedro Sánchez el 12 de julio. Ahora, la Administración, que aspira a su aprobación antes de finales de este año, tendrá que negociar con un amplio grupo de aliados en el Congreso para aprobar el proyecto de ley en el dividido Parlamento, donde ningún partido tiene mayoría.

En los últimos meses, el Gobierno ha tenido dificultades para reunir apoyo para aprobar leyes importantes, pero nunca ha perdido una votación de calado. Este historial indica que probablemente conseguirá el apoyo suficiente para los impuestos sobre los beneficios extraordinarios.

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Los impuestos, que pretenden recaudar 7.000 millones de euros (US$7.100 millones) en los próximos dos años, han generado tensiones entre Sánchez y las grandes empresas, en momentos en los que Gobiernos de toda Europa se esfuerzan por recaudar fondos para aliviar el impacto de la inflación récord exacerbada por la invasión rusa de Ucrania. El umbral para los bancos está fijado en 800 millones de euros sobre los ingresos por comisiones e intereses netos. El gravamen a las empresas energéticas se aplicaría a las compañías con ventas en España superiores a 1.000 millones de euros en 2019.

Obstaculizar el crédito

Ejecutivos bancarios han dicho que el impuesto previsto podría obstaculizar el crédito en una economía que aún lucha por recuperarse de la pandemia y que se enfrenta a los vientos en contra de la guerra en Ucrania. Las entidades financieras también dicen que un aumento de las tasas de interés, como está ocurriendo en Europa, no se traduce necesariamente en beneficios adicionales.

Por su parte, las empresas energéticas han argumentado que no están obteniendo beneficios inesperados y que cualquier impuesto de este tipo es injusto para ellas. Iberdrola S.A., la mayor eléctrica del país, señaló ayer que su beneficio en España se está debilitando y que son las empresas de petróleo y gas las que están obteniendo grandes beneficios de la turbulencia de los mercados energéticos mundiales.

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El sorpresivo anuncio de Sánchez del impuesto, realizado durante un discurso del estado de la nación en el Congreso, borró miles de millones de euros del valor de mercado de los bancos. Desde entonces, las acciones se han recuperado gracias a que el Banco Central Europeo subió las tasas de interés. Para las empresas de energía, el golpe ha sido mucho menor, ya que las autoridades habían planteado la posibilidad de un impuesto sobre los beneficios inesperados durante semanas, y los Gobiernos de otros países de Europa han tomado medidas similares.

La propuesta podría llevar al Banco Central Europeo a adoptar una postura sobre el impuesto como lo ha hecho con gravámenes similares en países como Lituania y Polonia. El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, advirtió que el impuesto no debería dañar la solvencia del sistema bancario ni obstaculizar los préstamos.

MAR / ff