Cuba enfrenta dificultades para convencer al gobierno de Donald Trump de que sus reformas económicas más ambiciosas en décadas son suficientes para impulsar los cambios que exige Estados Unidos.
Las 176 propuestas presentadas el mes pasado buscan sacar al país de una grave crisis económica. Pero también representan un gesto hacia Washington, que intenta debilitar activamente al gobierno comunista.
Que las medidas funcionen en cualquiera de esos frentes dependerá de cómo se implementen y de si logran satisfacer a un gobierno estadounidense motivado tanto por la ideología como por la negociación.
La Habana propone privatizar empresas estatales, canjear deuda pública por activos, abrir el mercado al sector privado, eliminar los controles de precios y reducir al mínimo el papel del gobierno como intermediario en actividades que van desde las importaciones hasta la atracción de inversión extranjera.
Se trata de algunas de las medidas más audaces hacia una economía de mercado desde que Fidel Castro tomó el poder en 1959. En muchos aspectos, incluso van mucho más allá de lo que Washington habría esperado, según Pedro Monreal, economista cubano que trabajó durante años con Naciones Unidas.
Más allá de abandonar la economía centralmente planificada, las reformas parecen diseñadas para “captar la atención del gobierno de Estados Unidos”, dijo Monreal por teléfono desde España. “Le están diciendo a EE.UU.: ‘Estamos avanzando con propuestas muy audaces. Deberíamos hablar sobre esto’”.
Hasta ahora, el equipo del presidente Donald Trump no ha mostrado interés.
Un día después de que el comité central del Partido Comunista y la Asamblea Nacional de Cuba aprobaran las reformas en sesiones convocadas de forma apresurada, un portavoz del Departamento de Estado las calificó de “señales de humo largamente esperadas y, en última instancia, superficiales”.
La semana siguiente, el Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones adicionales contra bancos, operaciones mineras y empresas logísticas cubanas, además de la nuera de Raúl Castro.
Gran parte de lo que propone Cuba sigue siendo impreciso, afirmó Ricardo Torres, economista cubano y profesor de American University en Washington, y mucho dependerá de las normas y regulaciones que sustenten los cambios.
Otra incógnita es cómo planea el gobierno establecer la secuencia de la reforma, dijo. “Una de las mayores lecciones que aprendimos durante las reformas en Europa del Este es que algunas medidas deben implementarse primero para que otras sean viables más adelante”.
Si el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel elimina, por ejemplo, los controles de precios antes de establecer una red de protección social, las consecuencias podrían ser catastróficas para los sectores más vulnerables, señaló Torres. Y si el régimen comienza a privatizar industrias antes de crear mecanismos de supervisión, será “una combinación propicia para los abusos, la corrupción y los conflictos de interés”.
El gobierno de Trump intenta acelerar el colapso del gobierno cubano. Desde enero, Estados Unidos ha bloqueado prácticamente todas las importaciones de combustible de la isla —salvo un cargamento procedente de Rusia— y ha utilizado sanciones secundarias para obligar a algunos de los principales aliados corporativos de La Habana a abandonar el país. Como resultado, operadores hoteleros han salido de Cuba y grandes proyectos mineros han quedado paralizados.
Aunque los apagones ya eran frecuentes antes del recrudecimiento de las hostilidades, Naciones Unidas advierte que ahora están llevando a la isla, de 10 millones de habitantes, al borde de una crisis humanitaria.
Las conversaciones entre Washington y La Habana continúan, pero han registrado pocos avances. El martes, el principal diplomático de Díaz-Canel afirmó que están prácticamente estancadas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha reiterado que no habrá acuerdo mientras continúe en el poder el régimen de 67 años. Cuba sostiene que su liderazgo y su sistema de gobierno no están sujetos a negociación.
En un discurso para explicar las reformas el fin de semana pasado, Díaz-Canel argumentó que no representan una capitulación ante el libre mercado. “Jamás estará en nuestros propósitos la restauración del capitalismo en Cuba”, afirmó. “Se trata, y nadie lo dude, de salvar la Revolución y sus innegables conquistas sociales”.
Y, sin embargo, la isla actúa como si fuera posible alcanzar un acuerdo sin cambios políticos.
Ahmed Faisal, empresario de origen egipcio y consultor del gobierno cubano, dijo al diario The National, de Abu Dabi, que La Habana firmó acuerdos preliminares con inversionistas de Medio Oriente en turismo, aviación, salud y productos farmacéuticos. Uno de los proyectos potenciales incluso contempla un complejo turístico de lujo denominado Trump Island en Cayo Santa María, frente a la costa norte del país. Faisal no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Norma Camero-Reno, profesora de Derecho en Schiller University de Tampa, calificó el anuncio cubano como una maniobra desesperada. “Dirán lo que sea necesario en este momento para intentar aliviar la presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre ellos”, declaró por teléfono desde Venezuela.
Posibilidades de inversión
Y sin cambios políticos significativos resulta difícil imaginar que, salvo el capital más especulativo, la inversión extranjera fluya hacia la isla, afirmó Torres.
“La historia no juega a su favor”, dijo sobre el gobierno cubano, que ha expropiado propiedades y modificado unilateralmente acuerdos. “Sin cambios institucionales significativos y profundos, ¿qué garantías y certezas podrían tener los inversionistas extranjeros en Cuba?”.
El subsecretario de Estado, Christopher Landau, expresó una idea similar la semana pasada durante la cumbre de la Organización de los Estados Americanos en Panamá. El régimen autoritario de La Habana “está colapsando y debe aplicar de inmediato reformas económicas y políticas”, afirmó. “No tienen otra opción”.
Con el respaldo del Cuba Study Group, con sede en Washington, Torres, Monreal y otros tres economistas elaboran su propia hoja de ruta. A diferencia de la propuesta del gobierno, la suya se centrará en el calendario y la secuencia de las medidas. El desafío inicial consiste en estabilizar la energía, la agricultura y las variables macroeconómicas para evitar un colapso humanitario y preparar el terreno para futuras inversiones.
Omar Sixto es un inversionista inmobiliario cubano-estadounidense en Miami y representa el tipo de empresario que el gobierno cubano quisiera atraer nuevamente a la isla. En abril lanzó la Cámara Nacional de Comercio Cubano-Estadounidense con el objetivo de crear una organización que reúna a exiliados con alto patrimonio para planificar cómo destinar recursos a la reconstrucción del país cuando llegue el momento.
“Cuba necesita inversión en todos y cada uno de los sectores de la economía”, dijo Sixto desde Miami. “Pero eso solo podrá ocurrir cuando caiga el régimen”.
lm
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