Gobierno de Ecuador intenta terminar caos luego de huir de Quito

El gobierno ecuatoriano está presentando propuestas a los manifestantes para negociar el fin del caos que lo sacó de la capital.

Los funcionarios, que se refugiaron en la costa de Guayaquil, están negociando con organizaciones de indígenas ecuatorianos que bloquearon las carreteras de montaña para protestar por los aumentos en los precios del combustible favorecidos por el Fondo Monetario Internacional. El viceministro de Finanzas, Esteban Ferro, dijo en una entrevista el martes que el gobierno tiene dinero reservado para los pueblos indígenas, que a menudo son pobres e históricamente discriminados. No obstante, no revertirá la decisión de la semana pasada de poner fin a los subsidios a la gasolina y el diésel, dijo Ferro.

El presidente Lenín Moreno, cuyas medidas de austeridad desencadenaron las protestas, prometió a los ciudadanos en una transmisión del martes por la tarde que “la violencia y el caos” no ganarían y dijo que quería que la crisis se resolviera en dos días.

“Continuaremos protegiendo el estado de derecho y la tranquilidad civil”, dijo. “Siempre evitaremos cualquier derramamiento de sangre”.

Los manifestantes han ocupado oficinas gubernamentales, campos petroleros y negocios saqueados esta semana, mientras las fuerzas de seguridad en el país sudamericano de aproximadamente 16,5 millones de habitantes lucharon por hacer cumplir un estado de emergencia. El gobierno se retiró después de otra noche de disturbios. Los manifestantes en Quito dañaron el edificio del Congreso de Ecuador y entraron violentamente a la oficina del contralor general al otro lado de la calle.

Un oleoducto conocido como SOTE estuvo detenido durante más de dos horas el martes después de que los vándalos lo sabotearan, informó el Ministerio de Energía. La productora estatal de petróleo, Petroamazonas, estima pérdidas de 165.000 barriles por día después de que el personal detuviera las operaciones tras una protesta el lunes, dijo la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico.

Las fuerzas de seguridad han recuperado varios campos petroleros importantes de los manifestantes, y los trabajadores ahora están retornando la producción a su nivel normal, dijo Ferro.

El tumulto comenzó cuando el gobierno eliminó los subsidios a la gasolina y el diésel, lo que provocó un aumento de 30% en los precios de la gasolina de bajo octanaje, mientras que los precios del diésel aumentaron más del doble. La medida fue bien recibida por el FMI y las compañías de calificación de deuda, incluida Moody’s Investors Service. Moreno reiteró el lunes por la noche que no restablecería el apoyo, que había estado en vigor desde la década de 1970 y que le costaba al gobierno cerca de US$1.400 millones al año. Los observadores no lo consideraron la última palabra.

“Existe un riesgo distinto de cero de que Moreno ceda a la presión y revierta los recortes de subsidios”, escribió Edwin Gutiérrez, jefe de deuda soberana de mercados emergentes en Aberdeen Asset Management con sede en Londres, en una respuesta escrita a preguntas. Dada a la violencia y las protestas, ese riesgo ha aumentado claramente”.

Los bonos en dólares de la nación con vencimiento en 2028 cayeron 3,6 centavos a 93 centavos por dólar, su mayor descenso desde su venta en enero de 2018, con un rendimiento de hasta 0,65 puntos básicos.

Moreno trató de cambiar la culpa del levantamiento, diciendo que las protestas habían sido infiltradas por partidarios del expresidente exiliado Rafael Correa. Moreno dijo que Correa, su antiguo mentor, está promoviendo la violencia para derrocar al gobierno, aunque no aportó pruebas.

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Correa, que vive en Bélgica mientras lucha contra acusaciones de secuestro de un opositor político, dijo en una publicación de Twitter que Moreno “está acabado” y convocó a elecciones.

“No hay golpes de estado aquí”, dijo en un video publicado en el sitio. “Los conflictos en la democracia se resuelven en las urnas, y eso es precisamente lo que estamos pidiendo”.

Las protestas han envuelto a Ecuador, un productor de materias primas como petróleo, cobre, camarones y plátanos. Regiones del centro de Ecuador quedaron sin servicio de televisión y radio cuando los manifestantes se apoderaron de las antenas repetidoras. Las comunidades indígenas bloquearon numerosas carreteras principales en la región andina, donde se encuentra la mitad de los habitantes del país. Cuenca, la tercera mayor ciudad del país, está recibiendo suministros por vía aérea.

En Quito, el tráfico en un martes frío era inusualmente ligero y la ciudad estaba extrañamente tranquila. Las escuelas cerraron y muchos eventos nocturnos se cancelaron. La escala sin precedentes de los disturbios, incluido el saqueo, ha preocupado a muchos residentes que se abastecieron de bienes y vaciaron los estantes de los supermercados. La policía y las fuerzas armadas están escoltando los suministros hasta las tiendas, ya que numerosas carreteras importantes siguen bloqueadas por las protestas de los pueblos indígenas.

La crisis marca un punto de inflexión para Moreno, que se esperaba liderara como izquierdista pero ha gobernado como disidente.

Cuando asumió el cargo en 2017, muchos pensaron que continuaría liderando el país por el camino represivo y derrochador forjado por Correa, quien ocupó el cargo durante una década. Correa es responsable de una serie de proyectos de obras públicas mal considerados, que incluyen plantas de energía, refinerías, tuberías, terminales de aeropuertos y ferrocarriles. Han sido perseguidos por sobrecostos, defectos de construcción y diseño y acusaciones de corrupción. Correa incumplió pagos de bonos por US$3.200 millones por razones políticas.

Correa será juzgado en ausencia este mes por cargos que incluyen financiamiento ilegal de campañas.

Moreno ha impulsado una reforma económica y política, luchó contra la corrupción y trató de restaurar una prensa y un poder judicial independientes. Defendió los límites de mandato para los funcionarios electos y ayudó a los reformadores judiciales a reemplazar un tribunal constitucional tan desacreditado que varios miembros estaban bajo sospecha de lavado de dinero. Reformó la política económica, lo que condujo a una disminución en los rendimientos de los bonos ecuatorianos y a un acuerdo de US$4.200 millones con el FMI para restaurar las reservas en dólares y estabilizar la deuda pública, en parte eliminando el subsidio al combustible.

Las apuestas son altas, asegura Siobhan Morden, director de estrategia de renta fija para América Latina de Amherst Pierpont Securities en Nueva York. Si el presidente Moreno restablece los subsidios, pone en riesgo el programa del FMI”.