La inminente oferta pública inicial de SpaceX podría hacer aún más ricos a varios funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump.
Diez funcionarios, desde el enviado especial Steve Witkoff hasta la jefa de la Administración de Pequeñas Empresas, Kelly Loeffler, reportaron intereses financieros en la empresa de cohetes de Elon Musk o en xAI, la firma de inteligencia artificial y redes sociales con la que se fusionó en febrero, según sus divulgaciones financieras públicas más recientes.
En total, los empleados federales tenían acciones de SpaceX o xAI por un valor de al menos US$9,9 millones y hasta US$43,8 millones, según las divulgaciones, realizadas el año pasado y que enumeran el valor de los activos en rangos amplios. Estos funcionarios podrían haber vendido todas o parte de sus participaciones desde entonces sin activar requisitos adicionales de divulgación.
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SpaceX destaca por el tamaño récord de su prevista salida a bolsa y por sus estrechos vínculos con el gobierno. La OPI, que podría concretarse tan pronto como la próxima semana, convertiría a Musk en el primer trillionario del mundo si alcanza una valoración de al menos US$1,8 billones. También podría generar fortunas multimillonarias para varios ejecutivos e inversionistas de la empresa, además de aumentar significativamente la riqueza de sus empleados.
La compañía es una importante contratista del gobierno, con US$4.000 millones en transacciones federales en el año fiscal 2025. El mes pasado, recibió otros US$6.500 millones en dos contratos de la Fuerza Espacial de EE.UU. para proporcionar satélites de comunicaciones y monitoreo de amenazas aéreas.
Musk también ayudó a seleccionar a decenas de personas para ocupar cargos de reducción de gastos y recopilación de datos en el gobierno federal durante su etapa al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Muchos de ellos eran sus propios empleados, de SpaceX o de otras áreas de su imperio.
En el último mes de Musk en Washington, Paul McInerny, exingeniero de SpaceX, fue nombrado director de información del Departamento del Interior. McInerny declaró la mayor participación en SpaceX de cualquier funcionario, con entre US$5 millones y US$25 millones. No tuvo que desinvertir y, en cambio, recibió una exención ética para trabajar en asuntos amplios que podrían afectar a la compañía, según muestran los documentos.
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Un portavoz del Departamento del Interior dijo que McInerny se inhibe de todos los asuntos relacionados con sus intereses financieros.
“Paul McInerny tomó la decisión de servir a nuestro gran país porque cree en la misión del gobierno de Trump y sabe que todo el gobierno puede operar de manera más eficiente para el contribuyente estadounidense”, dijo el portavoz. “El señor McInerny toma en serio sus obligaciones éticas”.
Otro titular destacado de participaciones en SpaceX fue Witkoff, quien ha trabajado en negociaciones de paz sobre Ucrania, Gaza e Irán. Declaró activos de entre US$1 millón y US$5 millones en 3G Investors LLC, un vehículo cuya única participación reportada en la declaración era SpaceX. Un portavoz de la Casa Blanca no hizo comentarios sobre la divulgación de Witkoff.
En la mayoría de los casos, no está claro si los funcionarios hicieron cambios en sus participaciones desde que fueron reportadas. Aunque están obligados por ley a informar ventas de ciertos activos en un plazo máximo de 45 días después de la transacción —incluidas acciones y bonos—, las participaciones en empresas privadas están exentas. Las nuevas divulgaciones financieras presentadas en mayo están previstas para hacerse públicas a mediados de junio.
“No hay precedentes”
SpaceX busca recaudar hasta US$75.000 millones, lo que la convertiría en la mayor oferta pública de acciones de todos los tiempos. Pero abogados especializados en ética gubernamental dijeron que no es solo el tamaño de la OPI lo que la vuelve anormal.
“Es un acontecimiento absolutamente excepcional”, dijo Caleb Burns, copresidente de la práctica de derecho electoral y ética gubernamental del bufete Wiley Rein LLP. “Es la mayor oferta pública de la historia, encabezada por un antiguo aliado cercano del presidente, que con sus esfuerzos en DOGE tuvo participación en prácticamente todas las agencias administrativas del gobierno federal”.
“Históricamente, no hay precedentes”, agregó.
En al menos un caso, un designado tuvo que desinvertir de una posición en SpaceX para cumplir con los requisitos éticos. Kevin Warsh, quien reemplazó a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal el mes pasado, tenía exposición a SpaceX a través de un fondo afiliado a Duquesne Family Office, dirigido por el inversionista multimillonario Stan Druckenmiller. Warsh dijo en una declaración ética que desinvertiría de ese fondo antes de asumir su cargo en el banco central.
La Fed declinó hacer comentarios más allá de la declaración ética.
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