Un tribunal federal de apelaciones impidió que un juez celebrara una audiencia sobre si la ex secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y otros incurrieron en desacato al tribunal, al deportar el año pasado dos aviones llenos de presuntos miembros de pandillas venezolanas. En una decisión de 2-1 el martes, un panel de jueces en Washington impidió que la audiencia tuviera lugar, diciendo que el esfuerzo del juez de distrito James Boasberg era “un claro abuso de discreción”. Boasberg había intentado realizar las audiencias en diciembre antes de que el Tribunal de Apelaciones las suspendiera.
Boasberg se ha enfrentado repetidamente con la administración del presidente Donald Trump sobre si el gobierno violó la orden del juez del 15 de marzo de 2025, que exigía el regreso de aviones que transportaban a presuntos miembros de pandillas venezolanas a una prisión de mala fama en El Salvador.
El gobierno argumentó que la orden no establecía claramente que los detenidos debían ser devueltos a Estados Unidos. También sostuvo que el juez carece de autoridad constitucional para obligar a declarar a los abogados del gobierno, tanto actuales como anteriores.
El caso se originó a raíz de la expulsión de 137 venezolanos a quienes Trump designó como miembros del grupo terrorista Tren de Aragua, amparándose en la Ley de Extranjeros Enemigos, una ley de uso poco frecuente. La administración invocó esta facultad, vigente en tiempos de guerra, para deportarlos rápidamente a El Salvador. Posteriormente, fueron devueltos a Venezuela y puestos en libertad.
Trump destituyó a Noem de su cargo el mes pasado tras meses de controversia y anunció que la reemplazaría con el senador de Oklahoma Markwayne Mullin, quien fue confirmado recientemente por el Senado.
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La decisión que bloquea la audiencia por desacato fue redactada por la juez Neomi Rao, con una opinión concurrente del juez Justin Walker, ambos designados por Trump. Criticaron duramente a Boasberg por intentar “investigar las deliberaciones del Poder Ejecutivo sobre asuntos de seguridad nacional y diplomacia”.
La orden de Boasberg al centro de la disputa “no decía nada sobre el traslado de la custodia de los demandantes y, por lo tanto, carece de la claridad necesaria para sustentar un desacato penal basado en el traslado de la custodia”, escribió Rao.
La juez disidente, Michelle Childs, quien fue nominada al tribunal por el expresidente Joe Biden, dijo que la opinión mayoritaria tuvo el efecto de “romper con la investigación de los hechos” al declarar que el gobierno “está libre de enjuiciamiento” como una cuestión de ley “independientemente de los hechos subyacentes”.
“En pocas palabras, determinar si existen hechos que justifiquen una causa probable de desacato no es un acto vengativo ni de represalia”, declaró Childs. “Tampoco implica que la investigación de los hechos sugiera que el tribunal desee inmiscuirse en la toma de decisiones del poder ejecutivo”.
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El Departamento de Justicia instó a la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito de DC a impedir que Boasberg interrogara a uno de sus abogados, Drew Ensign, así como a Erez Reuveni, un exabogado del departamento que criticó públicamente las políticas migratorias de la administración. Argumentaron que Boasberg carece de la facultad para llevar a cabo una investigación de desacato criminal.
Reuveni alegó que Emil Bove, exfuncionario del Departamento de Justicia que posteriormente fue nombrado por Trump como juez federal de apelaciones, indicó a los abogados del gobierno que ignoraran los fallos judiciales sobre las deportaciones bajo la ley de tiempos de guerra. Bove negó dichas acusaciones.
Los abogados estadounidenses también argumentaron que si la audiencia por desacato procediera, Boasberg permitiría indebidamente que los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) interrogaran a Ensign y Reuveni. La ACLU presentó la demanda original de emergencia para bloquear los vuelos.
El Departamento de Justicia ha debatido que la orden inicial y verbal de Boasberg de dar la vuelta a los aviones fuera una “orden judicial vinculante” y argumenta que la administración cumplió con sus resoluciones posteriores y escritas que detenían las deportaciones en virtud de la Ley de Extranjeros Enemigos.
El caso responde a: Donald Trump, 25-5452, Tribunal de Apelaciones de EE.UU., Circuito de DC.
