La situación de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) volvió a quedar en el centro del debate luego de que el Gobierno nacional avanzara con medidas para eliminar la contribución obligatoria que financiaba a la entidad y solicitara información sobre el destino de los recursos administrados.
Para el periodista especializado en vitivinicultura José Luis Belluscio, el conflicto responde a una acumulación de decisiones que, según sostuvo, perjudicaron a toda la industria. "Realmente es un conflicto pareciera que de nunca terminar."
El periodista explicó que la COVIAR nació como una entidad público-privada con el objetivo de ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola 2020, cuyas metas principales eran incrementar las exportaciones de vino, posicionar a la Argentina en el mercado internacional, integrar a los pequeños productores y recuperar el consumo interno de los vinos básicos.
Sin embargo, sostuvo que esos objetivos no fueron alcanzados. "Yo te diría que ninguno, lamentablemente, y ese es uno de los puntos de conflicto." Según indicó, las bodegas realizaron durante 15 años aportes obligatorios que totalizaron alrededor de US$230 millones, recursos cuya utilización hoy es objeto de cuestionamientos.
Reclamos por la rendición de cuentas
Belluscio afirmó que desde hace años distintos sectores de la industria solicitaron explicaciones sobre el destino de esos fondos, pero aseguró que nunca obtuvieron una rendición de cuentas completa. "No solamente no cumpliste los objetivos, sino que cuando querés una rendición de cuentas... nunca se entregó."
De acuerdo con su análisis, el conflicto se profundizó desde 2020 con cambios en la conducción de la entidad y la salida de distintas cámaras de las instancias de decisión. A esto se sumó la resolución de la Secretaría de Agricultura que eliminó la contribución obligatoria, prorrogó transitoriamente el plan estratégico y luego también dio por finalizado ese esquema, solicitando documentación que justifique el uso de los recursos.
El rol del Estado y el futuro del sector
El especialista señaló que el organismo encargado de recaudar los aportes fue el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), razón por la cual consideró que también debería intervenir en una eventual auditoría. "Quien estaría encargado de poder realizar esa auditoría es el Estado Argentino, es el Instituto Nacional de Vitivinicultura."
Además, recordó que actualmente existe una presentación judicial impulsada por la propia COVIAR para mantener vigente el sistema anterior, lo que complejiza aún más el escenario institucional.
Sobre los recursos disponibles, Belluscio sostuvo que "claramente no están" en los balances y remarcó que la resolución oficial dispone que los fondos remanentes sean transferidos al INV. Para el periodista, la principal falencia fue no haber corregido el rumbo cuando comenzaron a incumplirse las metas del plan.
"Tendríamos que haber pensado siempre a largo plazo, que es lo que tampoco se hizo", concluyó, al advertir que la combinación de decisiones políticas y falta de controles terminó afectando al conjunto de la industria vitivinícola.
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