La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Washington D.C., falló en contra de la Argentina en la causa iniciada por Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008. La decisión confirma la sentencia de primera instancia y obliga al Estado argentino a pagar US$390,9 millones, más los intereses correspondientes.
La resolución representa un nuevo revés judicial para el país en tribunales estadounidenses y fortalece la posición del fondo demandante, que busca ejecutar el cobro de la indemnización mediante el embargo de activos soberanos argentinos en el exterior.
El origen del conflicto por la expropiación de Aerolíneas Argentinas
El origen del conflicto se remonta a la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral durante 2008, cuando ambas compañías eran controladas por el grupo español Marsans. Tras la expropiación, el grupo inició un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre Estados e inversores extranjeros.
En 2017, el CIADI emitió un laudo favorable a los demandantes, decisión que la Argentina intentó revertir sin éxito. Dos años más tarde, el tribunal rechazó el pedido de anulación presentado por el Estado, dejando firme la resolución arbitral.
Con el paso del tiempo, los derechos del litigio fueron transferidos primero al fondo Burford Capital (también conocido por su participación en la causa por la expropiación de YPF) y posteriormente a Titan Consortium, que desde 2021 impulsó el reconocimiento del laudo ante la Justicia de Estados Unidos para convertirlo en una sentencia ejecutable.
Argentina deberá pagar US$390,9 millones más intereses
En 2024, un tribunal estadounidense reconoció la validez del fallo del CIADI y ordenó a la Argentina pagar US$390,9 millones. El Gobierno apeló esa decisión, pero ahora la Corte de Apelaciones rechazó el recurso y confirmó íntegramente la condena.
Durante noviembre del año pasado, ambas partes habían avanzado en negociaciones para alcanzar un acuerdo que permitiera cancelar la deuda y poner fin al litigio. Sin embargo, el Estado argentino modificó su estrategia judicial y finalmente no concretó el pago.
Como consecuencia, Titan Consortium inició acciones para ejecutar la sentencia mediante el embargo de bienes argentinos en el exterior. No obstante, especialistas en litigios internacionales señalan que identificar activos soberanos embargables suele ser un proceso complejo, ya que muchos bienes estatales cuentan con inmunidad o no cumplen con los requisitos legales necesarios para ser ejecutados.
Con este nuevo fallo, la Argentina enfrenta una nueva obligación millonaria derivada de litigios internacionales vinculados a expropiaciones, mientras el fondo demandante queda habilitado para profundizar las acciones destinadas a intentar cobrar la indemnización reconocida por la Justicia estadounidense.
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