El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, conocido como “ley hojarasca”, con el objetivo de eliminar cerca de 70 normas que, aunque siguen vigentes, han perdido utilidad con el paso del tiempo o el avance tecnológico.
Desde el Ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger, sostienen que la iniciativa apunta a simplificar el marco legal y reducir cargas innecesarias sobre el Estado y la sociedad. En ese sentido, el proyecto se basa en un principio constitucional clave: lo que no está prohibido, está permitido, por lo que muchas leyes resultan redundantes.
Entre los casos más llamativos aparecen regulaciones que hoy resultan anacrónicas o insólitas, como la exigencia de un carnet de mochilero para hacer dedo o normas que autorizaban la transmisión de televisión en color.
Normas insólitas y desuso: del carnet de mochilero a las palomas mensajeras
Dentro del paquete de derogaciones, se destacan leyes que nunca tuvieron aplicación efectiva o que quedaron completamente desactualizadas. Por ejemplo, una norma obligaba a registrar palomas mensajeras, mientras que otra permitía la detención de personas por no contar con un carnet de mochilero.
También se incluyen leyes con contenido considerado inconstitucional o contrario a derechos actuales, como aquella que penalizaba a ciudadanos por promover sanciones contra el Estado o la que permitía internaciones compulsivas de personas con enfermedades como la lepra.
En otros casos, se trata de regulaciones superadas por avances tecnológicos. Normas sobre microfilmación en organismos públicos o sobre la regulación de emisiones televisivas quedaron sin sentido frente a la digitalización y el desarrollo de nuevas tecnologías.
Ajuste estatal y eliminación de estructuras
Más allá de lo simbólico, la “ley hojarasca” también tiene un fuerte componente de ajuste del gasto público. El proyecto propone eliminar el financiamiento estatal a entidades como el Círculo de Legisladores y la Federación Argentina de Municipios, trasladando su sostenimiento al ámbito privado.
Además, se prevé la eliminación de premios financiados por el Estado, como el Premio Nacional a la Calidad, bajo el argumento de que la eficiencia debe ser reconocida por el mercado y no por el sector público.
El proyecto también apunta a disolver comisiones, fondos y organismos que dejaron de operar o que duplican funciones dentro de la estructura estatal. En muchos casos, se trata de instituciones creadas décadas atrás.
Según el Gobierno, gran parte de estas leyes nunca fue reglamentada o perdió vigencia práctica, lo que genera un “ruido normativo” que complica la gestión y la seguridad jurídica.
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