En el programa "QR!", emitido por Canal E, el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, alertó sobre la situación "muy precaria" que atraviesa el transporte público en el AMBA. Durante el intercambio con el conductor Pablo Caruso, Fusaro detalló que el sistema enfrenta una reducción gradual de unidades debido a un desfasaje crítico entre los ingresos de las empresas y la inflación, agravado por la falta de pago de subsidios estatales.
Fusaro marcó que hace cuatro años circulaban 18.000 colectivos, cifra que cayó a 15.000 hace dos semanas y que tocó un piso de apenas 12.000 unidades en los últimos días. Explicó que, aunque los usuarios perciben aumentos en las tarifas, ese dinero no se traduce en mayores ingresos para las compañías, sino que representa únicamente el retiro de los subsidios por parte del Estado. Esta combinación de factores generó una caída en la calidad del servicio que se traduce en las "colas interminables" que se ven en las paradas.

La crisis se profundizó por lo que el empresario definió como una "tormenta perfecta": la disparada del precio del gasoil en la última quincena de marzo. Los costos del sector se calcularon con un combustible a 1.700 pesos por litro, pero el valor saltó repentinamente a 2.400 pesos en algunas petroleras. Este incremento, sumado a una deuda acumulada del Estado que alcanzó los 150.000 millones de pesos, hizo imposible que las operadoras contaran con los recursos necesarios para mantener la totalidad de la flota en la calle.
Respecto a la situación salarial, el titular de AAETA confirmó que un pago parcial de 50.000 millones de pesos realizado el miércoles permitió cubrir los haberes y evitó un paro total de la UTA previsto para el jueves. Sin embargo, advirtió que la deuda remanente sigue siendo de 150.000 millones y que, aunque se pusieran al día, el flujo de dinero actual no contempla los nuevos costos del gasoil. Por este motivo, la normalización de las frecuencias todavía no se concretó de manera integral.
Fusaro adelantó que la estabilidad del servicio de acá al próximo miércoles es incierta y dependerá de nuevos aportes del Gobierno. Si para mediados de la semana próxima no se recibe una actualización de fondos, el sistema podría volver a la situación de parálisis o reducción severa que se vivió el viernes pasado. La dirigencia empresaria llevará este planteo a la reunión programada para la próxima semana, buscando una solución de fondo que permita recuperar las 15.500 unidades necesarias para un funcionamiento normal.
Colectivos en crisis: cuánto podría tardar la normalización del servicio
Tensión laboral y el plazo de la próxima semana
El dirigente empresario subrayó que la mano de obra representa la mitad del costo total del transporte, lo que convierte a los días de pago de salarios en momentos de extrema tensión institucional. La incertidumbre sobre el cobro en tiempo y forma no solo afectó a los trabajadores, sino que los obligó a lidiar con el nerviosismo y la frustración de los pasajeros ante un servicio deficiente. Este clima, sumado a crecientes hechos de inseguridad, deterioró significativamente el ambiente laboral dentro de las unidades.
Las autoridades nacionales reconocieron la gravedad del cuadro de situación durante la última reunión, pero Fusaro insistió en que el reconocimiento debe traducirse en hechos concretos antes del jueves. En la actualidad, hay cerca de 14.000 colectivos prestando servicio, una leve mejora respecto al piso de 12.000, pero todavía lejos de los niveles óptimos. El sistema requiere una actualización urgente de la estructura de costos para absorber el impacto del combustible y garantizar la sustentabilidad del transporte automotor.
La reunión de la semana entrante marcará el destino del transporte en el Área Metropolitana para el resto del mes. Sin un arreglo que contemple el atraso de los subsidios y el nuevo precio de los insumos, el riesgo de volver a las frecuencias reducidas quedó latente. Fusaro concluyó que las empresas no tienen más margen financiero para operar a pérdida, situando la responsabilidad de la normalización definitiva en manos de las decisiones presupuestarias del Ejecutivo Nacional.
TC