El gobierno argentino ha encontrado un atajo para alcanzar el desarrollo. A principios de junio una nutrida delegación encabezada por la canciller Susana Malcorra y el ministro Prat-Gay mantuvo reuniones con el secretario general de la OECD, Manuel Gurria, y participaron del Foro Económico de América Latina y el Caribe en París como una señal del cambio de política respecto a una institución que reúne a los países de ingresos per cápita más elevados. Tres semanas más tarde, una delegación de la OECD, tan numerosa como la argentina, se hizo presente en Buenos Aires para aprovechar el entusiasmo, enumerar los beneficios de pertenecer a la entidad y prometer la membresía a cambio de una contribución que engrose el presupuesto de la organización.
La OECD es considerada como un sello de buenas prácticas económicas donde los países exitosos se reúnen para elaborar estándares de conducta y armonizar sus políticas económicas y comerciales de acuerdo con su nivel de desarrollo, y en lo posible, convencer al resto de los países de la necesidad de aplicar las mismas reglas elaboradas con el apoyo de un plantel de 2.500 técnicos. La OECD tuvo un papel importante en los años 60 para promover la liberalización del movimiento de capitales y de las operaciones corrientes invisibles. Los Códigos sobre Liberalización fueron seguidos por las decisiones sobre condiciones para las empresas multinacionales, incentivos para las inversiones externas y las directrices de conducta para las empresas multinacionales. Las reglas de la OECD constituyeron el fundamento de las políticas del FMI y el Banco Mundial hacia los países en desarrollo para acceder a sus fuentes de financiamiento.
La OECD fue el instrumento para promover la firma de Acuerdos de Protección Recíproca de Inversiones y los acuerdos para evitar la doble imposición entre los países exportadores y los países receptores de inversiones externas. La Argentina implementó estas políticas en los años 90, cuando proliferaban las firmas de estos acuerdos como una forma de atraer inversiones pero también como un sucedáneo a la falta de confianza en la legislación y Justicia nacional. Los conflictos derivados de la crisis de 2001/2002 y la interpretación de los contratos terminaron en el Ciadi y en la elusión del pago de impuestos donde se genera la renta.
El segundo nivel de normas corresponde a las recomendaciones que sólo obligan a los miembros o países que adhieren a ellas y que son elaboradas para responder a nuevas necesidades de los países desarrollados. Entre ellas se encuentran las compras gubernamentales, las condiciones para el otorgamiento de créditos a las exportaciones, sobornos en operaciones internacionales y créditos a la exportación, intercambio de información sobre evasión impositiva, facilitación de comercio y precios de transferencia entre empresas multinacionales que luego son llevados a los organismos internacionales para impulsar su incorporación en acuerdos más amplios.
En la primera etapa, la OECD focalizó sus propuestas en el libre movimiento de capitales y la facilitación de las operaciones de las empresas multinacionales de acuerdo con las instrucciones de los países desarrollados para proteger los intereses de sus empresas en el exterior y evitar la aplicación de restricciones. Muchos de estos temas fueron volcados posteriormente en el Acuerdo Trims de la OMC y otros forman parte de la Agenda de la Ronda de Doha. Recién en los últimos años, la OECD comenzó a tomar nota de los abusos y evasión impositiva de las empresas multinacionales como consecuencia de la permeabilidad de las legislaciones. Pero lo hizo como demanda de los mismos países desarrollados cuando necesitaron aumentar la recaudación fiscal.
La OECD es un think tank de lujo con una visión esquiva del desarrollo y cuyo sello de calidad servirá muy poco para empaparse con la lluvia de inversiones. En esta búsqueda, no constituiría una sorpresa escuchar al jefe de Gabinete anunciando el reinicio de los contactos con la OTAN para cerrar el ciclo a los 90.
*Embajador.
